Autoridades venezolanas entregan cuerpo de militar muerto tras detención
Bajo custodia policial y en medio de reclamos de los familiares, el organismo estatal de medicina forense entregó los restos de Rafael Acosta Arévalo
Tras 12 días de espera, las autoridades venezolanas entregaron el miércoles el cuerpo del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien murió luego de ser detenido por miembros del servicio de contrainteligencia militar.
"La familia realizó todos los trámites pero es el Estado quien lo está enterrando"
Bajo custodia policial y en medio de reclamos de sus familiares, que se quejaron de que las autoridades controlaron la inhumación, el organismo estatal de medicina forense entregó el cuerpo de Acosta Arévalo quien falleció el 29 de junio luego, una semana después de ser apresado en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) señalado de estar vinculado con un supuesto complot contra el gobierno.
Las dudosas circunstancias de su muerte y los signos de tortura que según testigos tenía el militar desataron una intensa polémica que golpeó al gobierno de Nicolás Maduro.
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El activista Alonso Medina Roa, abogado de la familia del militar, dijo a la prensa que el cuerpo de Acosta Arévalo fue reconocido por una de sus hermanas y "entregado al Estado" por orden de un tribunal. "La familia realizó todos los trámites pero es el Estado quien lo está enterrando", afirmó Medina Roa al denunciar que el gobierno estaba haciendo una "inhumación controlada". El abogado indicó que según la autopsia el oficial murió a consecuencia de "politraumatismo generalizado".
Abogados y familiares del oficial denunciaron que Acosta Arévalo fue sometido a torturas durante su reclusión y como prueba de ello señalaron que un día antes de su muerte el militar fue presentado en silla de ruedas en un tribunal con numerosas excoriaciones y hematomas y restos de sangre en las uñas.
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Por la muerte de Acosta Arévalo fueron arrestados esta semana un teniente y un sargento de la Guardia Nacional que laboran en la DGCIM. Ambos, de 23 y 22 años, fueron imputados por la Fiscalía General del delito de homicidio preterintencional y se estableció como su lugar de reclusión la sede de ese organismo.
JM