Amnistía solicita a Bukele no detener a personas que incumplan cuarentena
El organismo pidió al gobierno de El Salvador implementar una estrategia de salud basada en la protección de los derechos humanos de la población
Amnistía Internacional (AI) pidió este jueves al Gobierno de El Salvador, encabezado por Nayib Bukele, implementar una estrategia de salud pública basada en proteger a la población y a sus derechos humanos y evitar la detención de personas que incumplan el confinamiento forzoso.
"El Gobierno está siguiendo un camino muy peligroso que vulnera el Estado de Derecho y los derechos humanos"
En una carta abierta AI, junto con otras organizaciones, expresaron su preocupación ante esto, e instaron al Gobierno a revertir "inmediatamente" las medidas para combatir la pandemia en el país.
Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo que estas decisiones, lejos de cumplir fines sanitarios, sólo han generado múltiples denuncias de presuntas violaciones de derechos humanos, "incluidas detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza".
El pasado 21 de marzo, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, decretó una "cuarentena domiciliar" y "absoluta" por 30 días para contener la pandemia de COVID-19.
Apuntó que las personas que no acataran la medida serían detenidas y llevadas a un "centro de contención" para pasar ahí la cuarentena y se le retirarán "algunos beneficios" que reciben quienes se encuentran en estos lugares desde que comenzó la emergencia.
Guevara-Rosas dijo que las autoridades salvadoreñas han detenido a miles de personas y las han llevado a centros de contención que, muchas veces, "no cuentan con medidas que garanticen un nivel mínimo de salubridad y distanciamiento físico".
Y señaló que con esta estrategia, el gobierno sólo incrementa el riesgo de contagio en lugar de protegerles de la enfermedad y aseguró que estas medidas afectan de manera desproporcionada a quienes viven en pobreza y salen en busca de agua, comida o medicinas.
Aseguró que El Salvador necesita soluciones integrales que atiendan la desigualdad y las causas que provocan que muchas personas necesiten salir para satisfacer sus necesidades básicas.
A mediados de abril, Bukele decidió ampliar el estado de emergencia nacional por COVID-19 por quince días y empezó a vivir una crisis institucional tras el anuncio de Bukele de ignorar una sentencia de la Corte Suprema que ordena frenar las detenciones y confinamientos "forzosos" de quienes violen la cuarentena decretada ante la pandemia.
AI condenó esos mensajes públicos del presidente que llaman al incumplimiento de dichas sentencias y que desacreditan a las organizaciones de derechos humanos.
"El Gobierno está siguiendo un camino muy peligroso que vulnera el Estado de Derecho y los derechos humanos", puntualizó Guevara-Rosas.
Hasta este miércoles, El Salvador registra 377 contagios, mientras que los fallecidos suman nueve, según datos oficiales.
JM