¿Y el Sistema Estatal Anticorrupción?
Junto con el tema de la inseguridad pública, el combate a la corrupción sigue siendo uno de los principales reclamos sociales a los gobernantes.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha tomado esta causa como la más importante de sus banderas políticas, pero muy poco ha hecho para pasar de los discursos a los hechos. Del Sistema Nacional Anticorrupción prácticamente nada ha dicho y siempre se opuso al nombramiento de un fiscal independiente que lo fortaleciera.
En Jalisco tampoco se logró que el fiscal fuera designado en un proceso abierto y sancionado por organizaciones de la sociedad civil como lo demandaba el movimiento #FiscalíaQueSirvaJalisco. Se perdió así también la oportunidad de consolidar el Sistema Estatal Anticorrupción.
Por eso, ahora que los integrantes del Comité de Participación Social del SEA han definido sus líneas de acción para este año, es un buen momento para revisar cómo va la interacción de las instituciones que forman parte del Sistema Anticorrupción.
Porque a un año y medio de su creación, si bien el SEA ha estado a punto de la parálisis por la falta de apoyos presupuestales, también es cierto que los recursos se han ido regularizando sin que hasta el momento haya algún resultado palpable en el combate a la corrupción.
Ya desde el año pasado, el Observatorio Ciudadano del SEA había advertido en su segundo informe que tanto el Comité de Participación Social, la Auditoría Superior del Estado, el Instituto de Transparencia, la Fiscalía Anticorrupción, la Contraloría Estatal, el Tribunal Administrativo y el Consejo de la Judicatura, que dan vida al Sistema, debían agilizar su organización, trabajo y coordinación. La conclusión de los procesos de entrega-recepción a fines del año pasado de las administraciones municipales, y en febrero pasado de cada una de las oficinas y dependencias del Gobierno estatal que supervisó la Contraloría estatal, así como las denuncias de presuntas irregularidades que se han encontrado en Ayuntamientos y en el Gobierno estatal, deben ser un gran insumo para guiar y relanzar el trabajo del SEA.
Muy poco se sabe, por ejemplo, de las nuevas dinámicas que esto ha generado en la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) que desde hace más de un año está en manos de un titular que ya no fue impuesto por la clase política sino por el propio Comité de Participación Social.
Hace falta también que el SEA haga algo ante el Poder Legislativo para que se hagan ya las reformas necesarias para que la Fiscalía Anticorrupción deje de ver casos que nada tienen que ver con su tema y que la tienen colapsada.
Este momento de transición debe ser distinto en cuanto a la detección y sanción de actos de corrupción por la existencia misma de este Sistema. Si nada pasa, como siempre sucedía, la gran pregunta será de qué nos ha servido tener este nuevo modelo con un componente ciudadano inédito y que tantas expectativas había generado para combatir la impunidad.
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