Un nuevo intento anticorrupción
Apenas la semana pasada comentamos que había focos rojos en el Sistema Estatal Corrupción por la poca coordinación que se da en el trabajo de las instancias que lo integran (Comité de Participación Social, Fiscalía Anticorrupción, Contraloría Estatal, Instituto de Transparencia, Auditoría Superior, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal de Justicia Administrativa) e incluso por las diferencias que se han registrado entre ellos, como sucedió con el Comité de Participación Social y el Órgano de Gobierno del Sistema por el nombramiento de los titulares de cuatro direcciones de la Secretaría Ejecutiva, en los que se acusó opacidad e influyentismos.
Estas desconfianzas le han restado impulso al SEA y la falta de resultados contundentes empieza a minar la confianza en este modelo que tuvo un inicio sólido y fue incluso ejemplo a nivel nacional.
Y es que la percepción de impunidad persiste porque las sanciones a ex funcionarios y ex funcionarias, y a quienes están en funciones en los actuales gobiernos, brillan por su ausencia pese a los evidentes casos de corrupción que se denuncian, y que caminan a paso muy lento en las oficinas de las distintas dependencias del SEA.
Por eso muchos y muchas cuestionaron ayer el inicio de los foros en el Congreso del Estado para hacer la llamada reforma 2.0 del Sistema Estatal Anticorrupción, que más allá de las críticas debe ser tomada como un nuevo intento para relanzar y hacer los ajustes necesarios para que funcione y parar la voracidad de una clase política y gubernamental que ve en la impunidad el mayor estímulo para cometer corruptelas en detrimento de la calidad de vida de los ciudadanos.
La percepción de impunidad persiste porque las sanciones brillan por su ausencia pese a los evidentes casos de corrupción que se denuncian
En ese sentido habrá que hacer un puntual seguimiento a la mesa interinstitucional y el ejercicio de parlamento abierto al que se comprometieron las y los diputados para ir haciendo las reformas que consoliden el SEA.
Una muestra de esa voluntad la pueden dar de inmediato al atender de una vez por todas la petición que se les viene haciendo a los legisladores desde que nació la Fiscalía Anticorrupción y que por no hacerlo se ha colapsado.
Si bien atendieron parcialmente la petición e hicieron modificaciones en el Título Séptimo de la Ley en la materia, para ya no enviar los casos de tortura, hace falta aún quitar otros delitos que nada tienen que ver con el combate a la corrupción o de desvíos de recursos.
Deben, pues, reformar esta Ley y acotar las tareas de la Fiscalía especializada, y de paso investigar si esta pifia legislativa fue solo incapacidad o dolo de algunos de la clase política para prolongar su paraíso de impunidad. Sería un buen inicio de la reforma 2.0 del SEA.
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