Un desafuero que no limpia al Poder Judicial
Presidentes del Supremo Tribunal de Justicia (STJ) entran y salen y sus promesas de acabar con la corrupción y las ineficiencias que tienen al Poder Judicial de Jalisco entre los menos productivos y con mayores rezagos en todos los indicadores del país, quedan solo en el discurso.
Hace un año que asumió el cargo como titular del STJ, Daniel Espinoza Licón hizo la misma promesa que sus antecesores y nada extraordinario ha pasado para sacar del desprestigio y la falta de credibilidad a jueces y magistrados que siguen siendo, junto con los agentes viales, a los que la ciudadanía considera los servidores públicos más corruptos.
La degradación constante del Poder Judicial en Jalisco, que ha llegado ahora a tener un magistrado desaforado para hacerle un juicio por el presunto delito de abuso sexual infantil, se da por la opacidad casi absoluta con la que opera y la red de complicidades que solapan y hacen prácticamente intocables a los altos funcionarios del STJ. Habrá que ver si toda esa maquinaria está operando ya para salvar a uno de los suyos que está en el banquillo de los acusados.
Si ya sabíamos que el Consejo de la Judicatura incumple impunemente su obligación de vigilar la actuación de los jueces y lejos de limpiar al Poder Judicial de Jalisco se ha convertido en la principal fuente de corrupción en el STJ por estar controlado e infiltrado por intereses político-partidistas, ahora también nos enteramos que la Fiscalía Anticorrupción le ha hecho lo que el viento a Juárez a 272 jueces y magistrados a los que se les ha abierto carpeta de investigación acusados de distintas irregularidades.
Según reveló EL INFORMADOR el jueves pasado, del 2018 al 2021 se acumularon ese número de denuncias contra los juzgadores, pero ninguna prosperó. No se logró vincular a ninguno a proceso ni mucho menos sentenciarlos.
Protegidos en ese manto de impunidad y sometidos a la voluntad del Poder Ejecutivo y los intereses partidistas del Poder Legislativo, jueces y magistrados, salvo muy contadas excepciones, están más ocupados en hacer negocios con la justicia que impartirla en beneficio de los ciudadanos.
Queda claro que ni desde dentro del STJ ni desde la clase política y gubernamental que medra de los altos niveles de corrupción en los juzgados harán nada para parar ese proceso de descomposición que tiene a Jalisco en los últimos lugares de certidumbre jurídica, factor que golpea severamente la atracción de inversiones a la entidad en detrimento de desarrollo económico y la llegada de oportunidades, pero que también contribuye por los altos índices de impunidad a profundizar la grave crisis de violencia e inseguridad que padecemos en la entidad.
Ante este panorama, se debe intentar una especie de intervención desde fuera al Poder Judicial para escrutar un poder cerrado y a la deriva. Un rescate colectivo en el que organizaciones de la sociedad civil participen en la constitución del órgano de control interno que siguen posponiendo en el Poder Judicial de Jalisco secuestrado en toda una trama de corrupción que sólo se romperá desde fuera.
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