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Tu notaría, tu lotería

El reparto de notarías a políticos y sus allegados es una práctica al final de cada sexenio, como si fueran premios personales.

Enrique Alfaro, como otros gobernadores antes que él, otorgó 18 notarías a personajes vinculados a la élite política y al Colegio de Notarios de Jalisco, perpetuando un círculo cerrado de poder.

Entre los beneficiados destacan Emilio González Guzmán, hijo del ex gobernador González Márquez, y Santiago Guzmán de Anda, hijo de Fernando Guzmán Pérez Peláez, ex secretario general de gobierno. Este último ya había sido nombrado notario en 2018. También figura Gerardo Monraz Villaseñor, hermano del secretario de Transporte.

Aristóteles Sandoval hizo notario a su primo, a tres de sus colaboradores y a los hijos del ex senador Arturo Zamora y del priista Eugenio Ruiz Orozco (ambos a su vez notarios), así como a Guzmán Pérez Peláez.    

Emilio González entregó notarías a políticos y amigos, entre ellos el magistrado Celso Rodríguez.   

Muchos de estos políticos, a su vez pensionados VIP del Ipejal, tienen garantizado su futuro patrimonial y el de su descendencia gracias a estas becas del “Bienestar”. 

El linaje notarial, siempre cercano al gobierno en turno, también opera como un “podercito judicial” en donde todo queda en familia. 

En los nombramientos de notarios de Alfaro aparece Daniel Bailón Fonseca, hermano de Lorenzo Bailón Fonseca, nombrado notario en 2018, ambos hijos de Lorenzo Bailón Cabrera (ex presidente del Colegio de Notarios de Jalisco).

Este último es hermano de los notarios José de Jesús Bailón Cabrera y Manuel Bailón Cabrera (también ex presidente del Colegio, ya fallecido). Descendientes todos del notario Manuel Bailón González. Puro Bailón, pues.

Ser notario en Jalisco no sólo implica una función pública de gran relevancia jurídica, como la formalización de contratos o testamentos, sino también una enorme ventaja económica y de poder político.

Dirán que cada notaría se concursa vía examen de oposición, pero cómo explicar que reprueban notarios experimentados que piden cambio de adscripción, y los favorecidos obtienen puntajes cercanos a la excelencia. 

Casos como el de María Guadalupe Sánchez González, quien denunció irregularidades en su examen de oposición, evidencian la corrupción y el control del clan notarial en complicidad con el gobierno estatal.

Las convocatorias, en teoría públicas, son en realidad para una élite. El reflejo de la política como sistema de saqueo y beneficio individual. 

Por algo Jalisco es una de las entidades con más notarías (293) frente a Ciudad de México (250) o Nuevo León (154). 

El sistema de asignación de notarías en Jalisco refleja una estructura de privilegios que exige transparencia y una verdadera competencia para romper con este ciclo de nepotismo y beneficio político.

jonathan.lomeli@informador.com.mx

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