Tribunales electorales
En 1987 se reformó el Artículo 60 de la Constitución para dar nacimiento a un tribunal que garantizara la legalidad en las actuaciones de los organismos electorales.
Supuestamente se justificó la creación de este tribunal para fortalecer la democracia y dar a los ciudadanos la garantía del respeto a éste.
No obstante, la realidad es que, ante la falta de confianza que inspiran las autoridades, fue necesario crear un tribunal para dirimir las controversias entre los diferentes partidos políticos que luchan por el poder valiéndose de toda clase de argucias legales e ilegales violando las leyes electorales. Así fue como nació el primer Tribunal de lo Contencioso Electoral como un órgano autónomo de carácter administrativo.
Tres años después, en 1990 se creó el Tribunal Federal Electoral (Trife) también como un órgano jurisdiccional autónomo en materia electoral al que se le encomendó la noble tarea de constituir una institución profesional muy responsable. También como un órgano jurisdiccional autónomo en materia electoral.
La Ley de Parkinson (economista británico) establece que la burocracia tiende a crecer y se retroalimenta, lo cual se confirmó en 1993 en que se hizo un nuevo cambio a la Constitución para reforzar la jurisdicción electoral y se creó una sala de Segunda Instancia para dirimir las controversias que se susciten en la primera instancia.
Tres años después en 1996 otra reforma a la Constitución para dar origen al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como máxima autoridad jurisdiccional en la materia.
En 2914 nueva reforma da origen al nacimiento de una Sala Regional Especializada que se encargaría de resolver los procedimientos especiales sancionadores. Para entonces, ya era abrumadora la carga de trabajo por lo que se crearon dos nuevas salas regionales a partir de 2017.
El Tribunal Electoral se encarga de resolver: las impugnaciones en las elecciones de diputados y senadores, las impugnaciones que se presenten en la elección de Presidente de la República, las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos políticos electorales, de los ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación, de resolver los conflictos laborales entre el Tribunal Federal Electoral (Trife) y sus funcionarios, así como el INE y su personal, la imposición de sanciones por parte del INE a partidos y sus funcionarios, así como del INE a su personal, la imposición de sanciones por parte del INE a partidos, agrupaciones, personas físicas y morales, la resolución de procedimientos sancionadores por violación de normas que regulen el acceso a radio y televisión y de los partidos y candidatos, la propaganda electoral y los actos anticipados de precampaña y campaña.
Además, en cada entidad federativa hay un Tribunal Electoral Estatal, con toda la burocracia muy bien pagada, todo para dirimir los conflictos y controversias entre los partidos políticos que no obran apegados a las leyes y lo peor es que de ahí salen los funcionarios, diputados, senadores, presidentes municipales y demás gobernantes dizque de elección popular que no confían ni entre ellos mismos.