Trata de personas, impune
La conmemoración ayer del Día Mundial contra la trata de Personas nos vuelve a alcanzar con Guadalajara y Puerto Vallarta ubicados por organizaciones internacionales como focos rojos por la alta incidencia de este delito que golpea principalmente a mujeres y a menores.
El último reporte de la Organización de las Naciones Unidas calcula que en el mundo 71% de las víctimas son mujeres y niñas, y un tercio, niños y niñas menores de edad, que, en la mayoría de los casos, son privados de su libertad por la fuerza o con engaños para explotar sexualmente a las víctimas en el mundo de la prostitución y otros trabajos forzados.
Las ganancias ilícitas por la trata de personas están ya en tercer lugar, sólo por debajo del narcomenudeo y el tráfico de armas. Urge por ello dar más visibilidad a este delito que, como muchos otros en el país, crece por los altos niveles de impunidad.
Las denuncias caminan muy lentamente. El último ejemplo de esta lentitud y burocratismo ocurrió en Puerto Vallarta. Desde noviembre del año pasado se denunció la existencia de una amplia red de complicidades que permitía la operación en Puerto Vallarta de una banda que estuvo a punto de violentar a al menos 50 niñas de entre 13 y 16 años, ante la falta de respuesta de autoridades municipales y estatales.
Las primeras denuncias de esta mafia las hizo la Fundación Find, dedicada a la búsqueda de personas desaparecidas y que preside Juan Manuel Estrada. Ante la falta de acciones de las autoridades locales, llevaron el caso hasta la Secretaría de Gobernación desde donde se coordinó un amplio operativo en Puerto Vallarta, apenas en junio pasado, para que elementos de la Policía Federal y de la Procuraduría General de la República (PGR) rescataran a estas menores que estaban a punto de subastarse.
Hubo ocho detenidos, entre hombres y mujeres, pero las investigaciones continúan. Se presumen complicidades de autoridades y policías municipales y la participación de extranjeros que cooptan desde taxistas, empleados de hotel, entre otros. Han encontrado también papelería y escritos en los que están las tarifas de los cobros por los servicios de las menores.
En la Secretaría de Gobernación y con la participación de la Unidad Especializada en Investigación de tráfico de menores, personas y órganos de la PGR, así como de la organización Find, entre otras instancias, se da el seguimiento al caso y a la valoración de los casos en que se requiere atención psicológica, asistencia jurídica, de albergue, así como de la evaluación de la relación de las menores con los padres de familia.
Ante casos como este, es preocupante que las autoridades locales tengan menos de una decena de investigaciones sobre trata y sólo una sentencia, por lo que urge que atiendan y combatan la impunidad de este lastre.
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