TLCAN: coordinación o costo muy alto
Las negociaciones del TLCAN han llegado a un punto culminante; la información conocida nos indica que los negociadores de los Estados Unidos decidieron aumentar la presión sobre México, aprovechando la percepción de urgencia de llegar a un acuerdo antes del proceso electoral del 1 de julio. Los plazos establecidos por el líder en la Cámara de Representantes, Paul Ryan, establecidos para el 17 de mayo, que luego fueron aparentemente extendidos hasta el 1 de junio, están por terminar. Con una aparente posibilidad de acordar una solución sin la intervención del Congreso, la parte mexicana decidió aguantar la presión y llevar la negociación adelante más allá de los plazos.
Los intereses estadounidenses establecidos aquí son los verdaderos y únicos aliados en el proceso negociador. Esos intereses corporativos y el Gobierno de México parecen decididos a aguantar la presión establecida y buscar un acuerdo razonable sin considerar los plazos electorales mexicanos, pero sí atendiendo a los de allá. Ildefonso Guajardo ha dicho que hay 80% de posibilidad de llegar a un acuerdo antes de las elecciones de medio término en Estados Unidos. Es decir, que la prioridad de obtener un acuerdo manejado íntegramente por esta administración, aparentemente, ha pasado a segundo término y ahora el foro está en llegar al acuerdo antes de noviembre.
Vale la pena considerar que ahora mismo las negociaciones han rebasado los términos estrictamente comerciales para incluir los temas de seguridad y migración, en donde están sobre la mesa mecanismos para regular y controlar el flujo migrante centroamericano que busca llegar a Estados Unidos vía México. Y los mecanismos de cooperación de seguridad en las fronteras mexicanas. Es decir, está sobre la mesa el contexto general de la relación con nuestros vecinos.
Si realmente, como parece ser, se ha decidido extender los plazos, es un hecho que a la nueva administración federal de México le corresponderá una parte muy importante del proceso. Si un principio de acuerdo se firma en octubre o noviembre, será la próxima legislatura a la que le corresponda su aprobación tanto en Estados Unidos, como en México. Y por tanto la labor política de impulsarla le corresponderá al nuevo Presidente aquí y a Trump allá.
En estas condiciones es muy probable que el Gobierno estadounidense busque conocer cuál sería la posición del nuevo Gobierno y negociar algunos términos de la relación con él. Es decir, que una vez pasada la elección, el Presidente electo de facto será un factor determinante para dar certidumbre a los acuerdos de modificación ya pactados. No solamente eso, sino que en estos términos, al llevar la aprobación hasta después del 1 de diciembre, podría obtener rendimientos políticos de un nuevo marco de relación con nuestros vecinos. El tránsito ordenado de un asunto como la negociación del tratado es esencial y debe ser prioridad del Presidente Peña y debe ser de quién resulte electo.
Si las tendencias electorales se confirman el día de la elección, entonces el reto es aún mayor para López Obrador, puesto que en campaña ha dicho en reiteradas ocasiones que buscará establecer una relación amistosa, pero de mayor respeto.
Con este escenario puede corresponder al Presidente Peña Nieto la firma de un acuerdo, en principio, estrechando la mano a Trump, y a López Obrador, el proceso de la ratificación que puede culminar con el acto formal de aprobación con los tres mandatarios. Habrá que tomar en cuenta que es probable que Trump establezca un precio aún más alto a la aprobación a López Obrador en el proceso mismo de aprobación en el Congreso de Estados Unidos, de la misma forma que hizo Clinton antes de ratificar lo ya firmado por Bush.
Ante la incertidumbre, resulta de gran importancia saber cuál será la actitud del candidato que va a la cabeza en las encuestas en caso de llegar a un acuerdo en principio antes de noviembre.
Técnicamente la información sobre la negociación le corresponde exclusivamente a la administración actual y resulta también importante saber si hay condiciones para acordar la estrategia, compartiendo información o simplemente se continúa en la ruta hasta la entrega dejando una presión a la nueva gestión.
Este potencial desacuerdo puede ser aprovechado por los estadounidenses para negociar en mejores términos, por lo que es fundamental en las próximas semanas que el público y los mercados conozcan cuál será el mecanismo de coordinación, si es que lo hubiera, entre el presidente que encabeza la negociación ahora y quien debe encabezar el esfuerzo para la ratificación. Para Trump resulta claro que puede obtener un precio por el acuerdo con Peña antes de noviembre y otro adicional al nuevo presidente a partir del 1 de diciembre. Si no hay coordinación el TLCAN 2.0 será mucho más gravoso.