Son empleados, no “socios”
Oh, sí, lo recuerdo bien. Cuando Uber llegó a Guadalajara hace una década nos deslumbró con el mito de la “economía colaborativa” y las startups disruptivas del mercado.
Irrumpió así la era digital y la eficiencia del algoritmo en la tierra del tequila y el mariachi.
Los legisladores, criticados por su incomprensión del nuevo servicio que iba a desplazar al taxi tradicional, intentaban comprender el nuevo fenómeno para meterlo en una ley.
Vino el estira y afloja durante meses en el Congreso de Jalisco.
Uber daba un servicio de taxi, pero decía que no era un taxi, sino un acuerdo entre particulares facilitado por las nuevas tecnologías. Uber empleaba a cientos de choferes, pero decía que no eran empleados sino “socios”.
Como en un cuento de hadas, bajo la magia del hechizo, sonaba lógico que una calabaza pudiera convertirse en un carruaje y un ratoncito laborioso en un príncipe autoempleado con esquema laboral flexible y complementario.
Diez años después y tras la expansión del negocio hacia plataformas digitales de reparto como Uber Eats y Didi Food, hoy sabemos qué significa la “economía colaborativa”.
Consiste en un esquema digital de precarización laboral que se vende como una “alternativa” de remuneración flexible, opcional y de mínima especialización en un entorno de bajos salarios y alta informalidad.
Bajo el argumento de que tienen “socios”, no empleados, estas empresas transnacionales han negado la seguridad social a 658 mil choferes y repartidores en el país que trabajan en ese modelo.
Sin embargo, el gobierno federal presentó una iniciativa para regular este mercado laboral.
Los empleados de estas plataformas digitales que ganen más de un salario mínimo –alrededor de 272 mil (41%)– deberán contar con prestaciones de ley como IMSS, derecho a incapacidades, seguro contra riesgo de trabajo, pago de utilidades y acceso a Infonavit.
El resto que gana menos de un salario mínimo podrá darse de alta como autoempleado.
La reforma impulsada por Sheinbaum añade un capítulo a la Ley Federal del Trabajo.
La nueva legislación busca mantener la flexibilidad y libertad de los trabajadores, pero también establece reglas claras de gestión algorítmica.
Los empleados de estas plataformas se quejan de penalizaciones y políticas de desconexión incomprensibles que las compañías atribuyen al “algoritmo”.
El IMSS implementará un programa piloto obligatorio de 180 días para que estas plataformas digitales inscriban a sus empleados.
La Alianza In México que agrupa a estas compañías ha criticado la reforma por apresurada.
Amagan con un aumento de costos que recaerá en el usuario y una pérdida de empleo (aquí sí son empleados).
En España, la Ley Rider en 2021 reguló estas actividades con una disminución considerable de repartidores y choferes.
(Pocos reparan en esto, pero el impacto de estas compañías en nuestras urbes ha sido enorme. Las altas tasas de motorización, tanto de vehículos como de motos, están directamente relacionadas con estos oligopolios digitales).
Todavía resta un largo camino con enormes desafíos. Tarde, pero ya era hora de abolir uno de los mitos del neocapitalismo digital: son empleados, no “socios”.