Sólo 14 médicos practican el aborto libre
La despenalización del aborto en Jalisco pone fin a una deuda histórica con las mujeres, pero es apenas el primer paso de una batalla cultural que enfrenta otro desafío: la falta de médicos que lo practiquen libremente.
En la secretaría de Salud Jalisco laboran sólo 14 médicos no objetores de conciencia –de una plantilla de cerca de mil 500 galenos– que pueden practicar una interrupción legal del embarazo.
La ley permite excusarse al personal médico de practicar un aborto por razones éticas, religiosas u otras. Se les denomina objetores de conciencia.
Por ejemplo, en el hospital Materno Infantil “Esperanza López Mateos” labora apenas un médico no objetor, y en el Hospital General de Occidente hay sólo dos, según datos de Salud Jalisco publicados en la Plataforma Nacional de Transparencia en mayo pasado (folio 141296524000531).
Entre los 14 médicos no objetores de conciencia hay también limitaciones. Varios son directivos, sin labores clínicas, y otros anteponen cláusulas para practicar un aborto hasta las seis o nueve semanas de gestación como máximo.
Aquí se abre un debate.
El derecho de las y los médicos para anteponer razones éticas, religiosas u otras para negarse a practicar un aborto, ¿está por encima del derecho a la salud de una mujer y a decidir sobre su cuerpo?
El argumento de las y los médicos para excusarse, se centra en su apego al juramento hipocrático de respetar la vida. Una idea moralmente conflictiva porque asume que la vida existe desde la concepción, lo que se configura, en términos legales, como una postura antiderechos hacia la mujer.
Entre los objetores de conciencia hay lo mismo hombres que mujeres. Quienes lo practican, me confirmó un médico no objetor, incluso sufren discriminación en los hospitales.
La despenalización del aborto en Jalisco abre la ruta para formular una política pública de libre interrupción del embarazo como se practica en la Ciudad de México desde 2007.
El viernes pasado, el Congreso de Jalisco eliminó los artículos del Código Penal local que castigaban con cárcel a una mujer por abortar. Antes de esa fecha, sólo se permitía el aborto por las causales de violación y riesgo grave de salud para la madre. No así el aborto electivo o planeado.
Su despenalización implica modificar la Constitución local, reformar leyes de salud y reglamentos, crear campañas que promuevan esta opción, capacitación al personal y garantizar presupuesto.
Sin embargo, hay un reto a nivel educativo en la formación de estudiantes en ciencias de la salud. Hay que comenzar a preparar a médicos libres de prejuicios, e incorporar la perspectiva de género en su práctica, para garantizar el derecho a decidir de las mujeres y personas gestantes.
Hay que celebrar los avances, pero también estar conscientes sobre los desafíos.
Aún falta una larga batalla cultural y educativa para contar con profesionales de la salud que practiquen el aborto legal, libre, seguro y gratuito.