Simplificar la identidad
La semana pasada la Cámara de Diputados le dio el visto bueno al dictamen con proyecto de decreto de la nueva Ley General de Población, donde se incluye la implementación de una Cédula de Identidad Digital para todos los mexicanos.
Esto no es nuevo. Desde 1974 cuando se creó la Ley respectiva y que se abroga con esta nueva versión, se habla de esta identificación que fue ratificada en las reformas que se le hicieron a la ley en el 2000 y 2012. Sin embargo, nunca se ha implementado.
En el capítulo cuarto, artículo 44 de la Ley de Población anterior se habla de promover, ante los gobiernos de las entidades federativas la celebración de acuerdos para la adopción y uso de la Clave Única de Registro de Población. Misma recomendación que desde hace muchos años hace el Banco Mundial a los países que no la tienen para tener un mejor control ciudadano y simplificar los procedimientos de identidad.
En México, existen una serie de identificaciones que cumplen apenas con el motivo que fueron creadas. Pero no se cuenta con una identificación universal, de reconocimiento general para múltiples funciones como sería lo ideal y que se tienen en otros países del mundo.
Aquí contamos con acta de nacimiento, licencia de manejar, tarjeta de elector, pasaporte, curp, registro federal de causantes, cartilla militar, seguro social, cédula profesional, etc. Y todas tienen número y referencia diferente. Y así como no está uniformada la identificación de los ciudadanos, sucede lo mismo con los procedimientos que usan dependencias públicas, federales y civiles para reconocerlos oficialmente.
Mucho han sido las voces que por años han pedido que sea la credencial de elector, con la integración de los datos biométricos, para que se convierta en la identificación oficial, o bien como sucede en otros países, que desde se nace se le asigne a cada persona un número para que sea su referencia de por vida para todo trámite oficial o civil.
Sin embargo, los argumentos de que la credencial de elector debe ser un documento destinado para un solo fin ha sido una discusión entre autoridades electorales y las autoridades gubernamentales sobre la privacidad de los electores y la responsabilidad de quien genera y controla el documento.
Lo que habrá que tomar en cuenta, sobre todo en estos momentos de crisis económica, que la implementación de una Cédula de Identidad Digital implica la inversión de millones de pesos para ponerla en marcha. Lo más práctico, económico y lógico es complementar lo que ya se tiene en la base de datos del sistema electoral, agregándole los candados de seguridad para proteger la identidad personal, además de implementar un sistema para que los menores de edad cuenten con un número personal que será utilizado cuando cumplan la mayoría de edad. De esa manera no se gasta lo no se tiene y se tendría una identificación universal para todos los trámites. ¿Usted qué opina?
daniel.rodriguez@dbhub.net