Sigue asfixiada la verificación vehicular
En los distintos y más recientes rankings de las ciudades más contaminadas o con peor calidad del aire en México, por la concentración de partículas contaminantes, Guadalajara volvió a aparecer el mes pasado como la que tiene mayor polución, sólo superada por el municipio de Ecatepec, en el Estado de México.
Esta situación que afecta gravemente la calidad de vida de los habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara no es nueva. Desde hace casi dos décadas, en el 2003 aparecía ya como una amenaza para la salud de los tapatíos en el Atlas de Riesgos de la ZMG realizado por la Universidad de Guadalajara que ya advertía de la contaminación de aire por ozono y por partículas menores de 10 micrómetros (conocidos como PM10), cuya presencia era ya en aquel entonces tres veces mayor a los permitido por los estándares internacionales para la seguridad humana, por lo que representaba un riesgo “crónico y agudo” para la población.
A esa degradación del aire que respiramos sin duda uno de los factores que ha gravitado negativamente es la irresponsabilidad de los gobiernos de las últimas tres décadas que no han podido implementar programas de verificación eficientes y que no fracasen por la corrupción con la que operan o el tráfico de influencias a la hora de definir a los concesionarios privados que la llevarán a cabo.
Si bien la verificación no es la panacea ni resolverá por sí sola el problema de la contaminación del aire, es indudable que en algo ayudaría. Baste recordar que las emisiones de vehículos automotores constituyen poco menos de una tercera parte de los contaminantes, que en ocasiones se ve superada por las industrias e incluso la quema de llantas.
No debemos perder de vista, además, que la contaminación por emisiones de automotores es creciente. Tan solo en los últimos cuatro años pasamos de 2.4 a 2.8 millones de unidades en el parque vehicular en la ZMG, es decir, un promedio de 100 mil vehículos más por año.
Por todo este preocupante panorama, es lamentable que el gobierno alfarista haya continuado la inercia de fallas en la implementación de lo que ellos llamaron la “verificación responsable”.
Si bien hay un incipiente inicio, y con ello superan al menos el fracaso total de la pasada administración estatal, que no pudo siquiera arrancar nunca con este programa, es claro que el actual tiene claros incumplimientos en lo que ellos mismos se propusieron, por lo que el nivel de cumplimiento ciudadano es mínimo.
Para que la llamada “Verificación Responsable” no funcionara como se anhelaba, fueron determinantes las complicaciones y jaloneos internos que hubo para designar a los empresarios operarios del modelo, que son los únicos que no han perdido y han obtenido millonarias ganancias, pese a que nunca se cumplió con el número de líneas de verificación prometidas.
La semana pasada se anunció que habrá incentivos para los que verifiquen y que las multas que se aplicarían a partir del 1 de julio se posponen hasta el 1 de enero del 2023 cuando esperan haya al menos 80 líneas de verificación.
Habrán pasado pues ya cuatro años del gobierno alfarista sin que la Política Integral para la Gestión de la Calidad del Aire “Jalisco Respira” y la pomposa Agencia Integral para la Regulación de Emisiones (AIRE) hayan cumplido con su trabajo.
Jaime Barrera
jbarrera4r@gmail.com