Si no pueden, ¡Renuncien!
“Señores, si piensan que la vara es muy alta e imposible hacerlo, si no pueden, renuncien, pero no sigan ocupando oficinas de gobierno y recibiendo un sueldo, porque no hacer nada también es corrupción. En nuestro país hay jóvenes que requieren el trabajo de ustedes y estarían gustosos, con todo el entusiasmo de gente limpia y no maleada, de hacer el trabajo que ustedes no están haciendo”.
Esta es parte de la intervención del empresario Alejandro Martí que tuvo en su calidad de invitado especial en la XXIII sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública en el 2008, luego de perder a su hijo Fernando, víctima de una banda de secuestradores.
Presentes, oyendo el reclamo de que si eran incapaces de frenar a la delincuencia organizada presentaran sus renuncias, estaba el entonces Presidente Felipe Calderón y todos los gobernadores del país, alcaldes, los integrantes del gabinete de seguridad, procuradores y jefes policiales.
A este episodio, que marcó la grave crisis de inseguridad y violencia que se vive en el país desde entonces, y que ni el priista Enrique Peña Nieto pudo, ni en el primer año de Andrés Manuel López Obrador ha podido contener como prometieron, me remitió la declaración que ayer hizo Macedonio Tamez Guajardo, titular de la Coordinación General Estratégica de Seguridad del Gobierno estatal, en el sentido de que localizar y castigar a los autores del grave problema de las fosas clandestinas es “muy difícil”.
Más aún cuando en medio de esta crisis que ha significado la aparición de más de una treintena de estas fosas en las que se han encontrado al menos 183 cadáveres (más los que se sumen con los que se encuentren en la última encontrada en Lagos de Moreno esta semana), la Fiscalía General del Estado sólo ha detenido a un sospechoso. Los otros 15 procesados fueron detenidos apenas el 6 de noviembre en una bodega de Toluquilla, donde liberaron a ocho personas privadas de su libertad…pero se trató de un operativo de la Guardia Nacional.
Desde agosto que ya se notaba claramente la mutación delincuencial que significó la aparición de las ya conocidas como casas del terror, donde se priva de la libertad, se tortura, se mata y desmiembra, para embolsar a las víctimas y cavar muchas de las fosas clandestinas encontradas, advertimos aquí que para enfrentar y detener ese fenómeno delictivo se tenía que generar inteligencia policial con los detenidos, que ayudara a descifrar el modus operandi y así inhibir que eso se siguiera repitiendo; y detectar la eventual complicidad de malos policías que le facilitan al hampa la operación de esas casas de seguridad.
El agravamiento de esta problemática, y que se tenga un solo detenido por parte de las autoridades estatales, deja claro que esas tareas no se están cumpliendo. Por eso, el caso de los sepultureros clandestinos impunes debe hacer reflexionar a los responsables de la seguridad en el Estado en lo dicho por Martí hace más de una década.
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