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Sheinbaum a prueba en Sinaloa y Chiapas

Además de todas las turbulencias políticas que le ha generado la reforma al Poder Judicial, que le heredó Andrés Manuel López Obrador, desde que asumió el poder el pasado primero de octubre, Claudia Sheinbaum deberá ahora enfrentar la primera ola de reclamos que vendrán de la Iglesia católica por la crisis de seguridad y violencia, que cobró el domingo en Chiapas la vida del sacerdote tsotsil, Marcelo Pérez Pérez, fundador de la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana (Remam) en México, cuyas 47 organizaciones que la conforman mostraron ya su repudio por este asesinato.

Baste recordar los fuertes desencuentros y la distancia que provocó el pasado sexenio entre los líderes del clero y AMLO, el asesinato de los sacerdotes jesuitas en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, por el rechazo del líder de la 4T a revisar su política y estrategia de seguridad como se lo planteaba la Iglesia, y la beligerancia con la que descalificó a los obispos que se lo planteaban, al expresar que estaban “apergollados” del conservadurismo y no seguían las enseñanzas del Papa.

Por eso será muy interesante observar cómo responde Sheinbaum a los planteamientos que haga la autoridad eclesiástica y las organizaciones sociales que respetaban y acompañaban el liderazgo que siempre ejerció el Padre Marcelo en la defensa de los derechos de los pueblos originarios. Esta labor le causó recibir amenazas de grupos delincuenciales e incluso el acoso de la Fiscalía estatal, claramente infiltrada.

Ya con protección de centros de derechos humanos internacionales, este sacerdote de origen indígena nunca dejó su activismo y siempre exigió que el gobierno cumpliera su obligación de pacificar Chiapas, y todavía hace tres meses, reiteró que las amenazas contra su vida continuaban. El domingo por la mañana, al salir de oficiar misa en la diócesis de San Cristóbal de las Casas, fue acribillado cuando arrancaba su camioneta.

En el caso de Sinaloa, aunado a la guerra que se desató entre “Los Mayitos” y “Los Chapitos” por el secuestro del fundador del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, y que ha dejado un saldo de casi 200 muertos en menos de un mes, ayer el caso dio un vuelco y se convirtió en toda una bomba política que le podría estallar a la Presidenta si sigue protegiendo, como lo hizo como presidenta electa junto con López Obrador, al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Resulta que la Fiscalía General de la República (FGR) avaló ayer la versión de Zambada, en el sentido que Héctor Melesio Cuén, fue asesinado en el rancho Huertos del Pedregal, en Culiacán, y no en una gasolinera en un asalto como dijo inicialmente la Fiscalía de Sinaloa, para ocultar el homicidio.

Con estos peritajes, se fortalece la versión de que Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, citó a Zambada, para que mediara un conflicto entre el gobernador Rocha y Cuén, quienes en su calidad de ex rectores de la UAS, se disputaban el control de esa casa de estudios.

Rocha Moya debe dejar el gobierno, y rendir cuentas de lo que tiene a Sinaloa semiparalizada, para tratar de que esta crisis no siga afectando el arranque del gobierno de Sheinbaum y su responsable de seguridad, Omar García Harfuch.

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