Sesión "urgente"
Para evitar que les aplicaran una multa de más de nueve mil pesos por diputada y diputado, el Congreso de Jalisco tuvo que sesionar de última hora y atender una resolución judicial respecto a un laudo del Ayuntamiento de Tala.
Alguien traspapeló el asunto que llegó desde la semana pasada y no le dio el trámite adecuado, por lo que puso a las legisladoras y los legisladores en riesgo de no completar “el chivo” y que su sueldo de 109 mil pesos mensuales tuviera una “mordida” de casi 10 mil pesos.
La diputada morenista, Ángela Gómez Ponce, no dejó pasar la oportunidad para recordar que en su momento advirtió los riesgos de andar pateando estos temas con la intención de proteger a los alcaldes de todos los colores.
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Fiel a su estilo, el secretario de Transporte, Diego Monraz, mostró su hartazgo cuando durante la glosa del Cuarto Informe de Gobierno, diputados le cuestionaron sobre las alcancías rateras que no dan cambio en el transporte público. Comentó que es la cuarta glosa en la que le hacen la misma pregunta, pero contestó lo mismo: que por cuestión de espacio no es posible ponerles monedas a las alcancías y hasta les puso fotografías para que legisladoras y legisladores conocieran cómo son por dentro las máquinas de recaudo.
Lo bueno es que ya no le preguntaron por la Policía Vial y no tuvo que recurrir a su frase favorita para reiterar que esa corporación ya no le toca.
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Ayer en la sesión pública del pleno del Consejo de la Judicatura de Jalisco, no le permitieron hacer uso de la palabra a la maestra Mirian Tello, una de las trabajadoras y trabajadores despedidos, quien solicitó de forma educada a los consejeros una explicación del por qué se dejó sin empleo a 49 personas. Sin embargo, el consejero presidente Daniel Espinosa Licón hizo oídos sordos y continuó con la asamblea. Ni siquiera la volteó a ver. Eso sí, se determinó que los jubilados de este organismo sí podían pasar.
Mucha indiferencia.
Por lo pronto, nos dicen que el plantón de despedidos continuará en el Centro tapatío.