Se busca responsable
La fracción de Hagamos en el Congreso de Jalisco denunció que “alguien” se habría saltado las trancas para, a nombre del Poder Legislativo, intervenir en la controversia constitucional que presentó la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco contra el recorte de los 140 millones de pesos al Museo de Ciencias Ambientales de la UdeG.
Por eso los legisladores Mara Robles y Enrique Velázquez siguen con el cuchillo entre los dientes en la defensa de esos fondos y ahora reclaman que la Mesa Directiva explique y aclare quién determinó meterse en el conflicto, sin que haya pasado por el pleno del Congreso estatal.
Recordaron que la famosa carta firmada por ex diputados emecistas, donde pedían reorientar los recursos, ni fue un acuerdo institucional.
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Mientras el Gobierno de Jalisco presume que los operativos en los límites con Zacatecas y Michoacán han dado resultados, aquí en la metrópoli siguen los retenes que comenzaron el pasado viernes para desarmar a los delincuentes en las calles.
Por lo pronto, este martes dará inicio el Curso de Formación Inicial de Policías Estatales y se aprovechará para dar un corte sobre los operativos de desarme en la ciudad.
Por cierto, destaca que ayer el alcalde Pablo Lemus señaló que esta campaña para reducir los homicidios o la violencia en la ciudad tendrá una duración de tres meses, por lo menos. Para que no se sorprenda si se topa en cualquier horario con el retén de la Guardia Nacional y policías estatales y municipales.
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En San Pedro Tlaquepaque debemos recordar que la administración “perdió” tres meses por la anulación inédita de las elecciones y su repetición. El Gobierno de Citlalli Amaya comenzó hasta enero y con muchos pendientes, incluso heredados.
En la cuenta pública del 2019, la Auditoría Superior del Estado de Jalisco detectó 30 millones de pesos no justificados en la Dirección de Proveeduría (las compras de la administración) a cargo de César Moya Rodríguez, que ha estado en el cargo desde la administración anterior.
La Auditoría le indicó la irregularidad al “contralor ciudadano” Otoniel Vara de Valdez para que proceda, pero como que no escucha.
Así no hay sistema anticorrupción que funcione.