San Juan de los Lagos intervenido
Por donde se le vea, la intervención, desarme y concentración de los 160 policías municipales de San Juan de los Lagos es preocupante y tendrá que ser un tema prioritario en la agenda de la seguridad en Jalisco, que no acaba por tener los resultados esperados para hacer frente a la escalada de violencia provocada por los grupos delincuenciales y que se ha agravado desde hace al menos una década.
Por un lado, y a partir de lo expresado por el coordinador del gabinete de seguridad, Macedonio Tamez Guajardo, estaríamos ante un nuevo caso de un municipio que se suma a la larga lista de Ayuntamientos en cuyas corporaciones policiales se da la infiltración delincuencial.
A decir de este funcionario, la Comisión Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad cuenta con elementos, luego de haber realizado labores de inteligencia, para creer que existen vínculos de grupos delictivos con la Policía de San Juan de los Lagos, por su “falta de diligencia, capacidad y compromiso” que ponían en riesgo la región.
Esta presunción de irregularidades se fortaleció con el hecho de que el jefe policial de ese municipio, Hugo Armando Martínez Zacarías y su segundo al mando no acudieron a hacer la entrega de la corporación, por lo que ya fueron requeridos a presentarse en un plazo no mayor a 24 horas.
Por otro lado, habrá que ver si esta intervención policial no termina en controversia constitucional, como pasó en Tlaquepaque en mayo de 2018, a juzgar por las contradicciones entre lo dicho por Tamez Guajardo y el alcalde de San Juan de los Lagos, postulado por el Partido Nueva Alianza (Panal), Jesús Medina Briseño.
Si bien, como señaló ayer el coordinador del gabinete de seguridad, el Estado quiere mostrar su convicción de que no se tolerará a ninguna comisaría municipal infiltrada por la delincuencia, esta medida puede ser ejemplar en la medida que se acrediten todos los señalamientos. Más aún porque ayer el alcalde salió a defender a capa y espada a sus policías, los cuales, dijo, no “estaban detenidos”, sino en “capacitación”. Contradijo también a Tamez Guajardo al asegurar que su Policía participa en todos los operativos que se le requiere y que él y sus jefes policiales son los que más acuden a las sesiones del Consejo Regional de Seguridad.
Hasta ahora, ni la controversia que presentó en la Suprema Corte la alcaldesa de Tlaquepaque, María Elena Limón, cuando en la administración del priista Aristóteles Sandoval se intervino su Policía, ha contribuido a sacar de la opacidad y la nula rendición de cuentas este tipo de operaciones.
Ojalá que ésta, la primera intervención policial que ocurre en la actual administración estatal, evolucione en esos aspectos, de confianza a la población y contribuya de verdad a romper el circulo vicioso de la infiltración delincuencial a los cuerpos policiales y gobiernos.
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