Saldos del “Halconazo” tapatío
Hace tres años se registró el llamado “Halconazo” tapatío, que marcó de manera definitiva al Gobierno de Enrique Alfaro Ramírez al responder con un operativo represivo de gran envergadura a una protesta, especialmente de jóvenes y estudiantes, indignados al conocer que un joven había sido asesinado por la Policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos.
Giovanni López Ramírez fue detenido el 3 de mayo por policías de Ixtlahuacán de los Membrillos por no portar cubrebocas a pesar de explicarles que iba a cenar y por lo tanto se tenía que quitar la mascarilla. Pero lo que no debería pasar de una leve falta administrativa se convirtió en un caso más de brutalidad policiaca que terminó con la muerte del joven detenido.
La noticia de su asesinato, por razones desconocidas, se conoció un mes después. El portal Latinus informó del caso de la muerte de Giovanni López el 4 de mayo y ese mismo día varios jóvenes indignados por este caso de brutalidad policiaca protestaron frente a Palacio de Gobierno, en el Centro de Guadalajara y tras la confrontación con la Policía estatal, partes del inmueble sufrieron daños y varios jóvenes fueron detenidos por la fuerza pública. Justo para protestar por estas detenciones violentas, al día siguiente se convocó a una manifestación, primero frente a Casa Jalisco y luego en la sede de la Fiscalía del Estado, en la calle 14 de la Zona Industrial.
Pero el derecho a una libre manifestación y protesta pública fue convertido desde el poder estatal en uno de los hechos represivos más brutales cometidos por el Gobierno de Jalisco en muchos años. Desde el Gobierno se ordenó desplegar un operativo de escuadrones de policías ministeriales que hostigaron, golpearon y posteriormente privaron ilegalmente de la libertad a decenas de jóvenes, se estima que hasta un centenar.
El operativo represivo fue llevado a cabo por policías de la Fiscalía que se organizaron en escuadrones armados rudimentariamente con palos, tubos, palos de golf, bates de beisbol y tablas con clavos. Con esas armas y con agresiones verbales detuvieron y subieron a las camionetas que no portaban distintivos oficiales para llevarlos a instalaciones de la Fiscalía y a otros centros de detención que bien pueden ser cárceles clandestinas utilizadas por estas fuerzas de seguridad.
Durante el “Halconazo” tapatío, el Estado de derecho y las garantías individuales fueron suspendidas. Con total impunidad, decenas de policías convertidos en escuadrones represivos privaron ilegalmente de la libertad a decenas de personas.
Esa misma noche el gobernador del Estado dio un mensaje con una explicación inquietante. Sostuvo que ni él ni el entonces fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez dieron instrucciones para que se cometiera esa represión y apuntó a una posible infiltración del crimen organizado. Luego dejó entrever que las manifestaciones de junio de 2020 eran alentadas desde los “sótanos del poder” de la Ciudad de México para desestabilizar su Gobierno. Y luego ofreció castigar a los responsables de esta represión.
¿Tres años después qué saldos deja el “Halconazo” tapatío? El operativo represivo no fue realmente sancionado, hubo tres policías detenidos que ya no están en prisión; el diálogo y reparación del daño a las víctimas terminó en una simulación propagandística a favor del Gobierno; y tres años después, decenas de policías siguen desapareciendo personas en varios municipios de todo el Estado. Y no sobra recordar que la crisis por desaparición de personas es más grave que hace tres años.
Por si fuera poco, la medianoche del 5 de junio pasado, el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Guadalajara ordenaron quitar el antimonumento 5J instalado por el colectivo 5J-Memoria y decenas de organizaciones de la sociedad civil que tejieron una red para financiar y organizar la instalación de este antimonumento en la plaza Imelda Virgen. Es como si eliminando el tótem 5J pretendieran borrar la memoria de un hecho represivo que marca a este gobierno.
Qué ironía que un Gobierno que pretendía refundar la vida pública de Jalisco terminara emulando las prácticas represivas de gobiernos autoritarios como el de Luis Echeverría Álvarez, presidente que ordenó el “Halconazo” del 10 de junio de 1971 en la capital del país.
No debemos olvidar el “Halconazo” tapatío porque nos recuerda que estamos en un contexto de una Fiscalía infiltrada por el crimen organizado, un Estado donde las mismas fuerzas de seguridad desaparecen y reprimen y un Gobierno que, debido a la impunidad, permite que esto siga ocurriendo.