Saldos de Teuchitlán
Hace cinco semanas, una transmisión en vivo del Facebook del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco mostró escenas del rancho Izaguirre de Teuchitlán, donde aparecían pilas de calzado, ropa de vestir, mochilas y otras prendas personales de lo que parecían víctimas de un centro de entrenamiento y de exterminio a cargo del grupo criminal Cártel Jalisco Nueva Generación. Pocos podían imaginar el alcance de esas imágenes.
La difusión de las escenas de lo que parecía un centro de exterminio conmocionó a la sociedad mexicana como hace tiempo no ocurría. No es que no lo supiéramos, pero la difusión de las escenas de Teuchitlán nos dio un golpe a la conciencia para recordarnos que vivimos en una época oscura, marcada por la violencia organizada y una guerra informal de tal magnitud que se ha convertido en una de las crisis humanitarias más importantes del mundo actual.
Y la conmoción y el estupor por las escenas del rancho de Teuchitlán se convirtieron en rabia y en una convocatoria política a realizar una jornada de luto nacional para que no se presente otra tragedia como la que nos reveló el rancho Izaguirre. El impacto de las escenas del rancho Izaguirre fue de tal magnitud que logró opacar, al menos por un mes, las amenazas arancelarias de Donald Trump.
Uno de los saldos positivos que provocó el rancho de Teuchitlán es que volvió a traer la crisis por desaparición de personas al primer plano en el país y obligó al Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum a reconocer esta crisis. Y, lo más importante, motivó y obligó al Gobierno federal a escuchar a las madres y padres buscadores, reunirse con los colectivos y comprometerse a hacer cambios a las leyes en acuerdo con ellos.
Los encuentros han sido tan importantes como dolorosos, como ocurrió el jueves pasado, cuando la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, tuvo que escuchar el testimonio de don Gustavo Hernández, quien tiene a su hijo Abraham (de 33 años) desaparecido desde hace un año en Nuevo León. Con la voz quebrada, don Gustavo le pedía a la secretaria de Gobernación que “aunque sea un huesito, un huesito, para tenerlo y darle cristiana sepultura”. Al menos en los videos, la secretaria de Gobernación se veía genuinamente conmovida. Pero no solo se han escuchado los dolorosos y desgarradores testimonios de cientos de madres y padres buscadores. También se han escuchado las exigencias y las duras críticas a las autoridades que no hacen su trabajo.
Son casi las mismas quejas que se repiten estado por estado: que las fiscalías no investigan, que son las familias las que hacen la investigación y las llevan a los ministerios públicos; falta de coordinación entre instituciones, trámites burocráticos, que no se busca en vida, falta de recursos y, por si fuera poco, indolencia y falta de empatía de los funcionarios que trabajan en las agencias encargadas de la búsqueda de los desaparecidos.
Como prueba de ello, en casi todas las reuniones de la secretaria de Gobernación con los representantes de los colectivos, se ha exigido la renuncia de la actual titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Teresa Reyes Sahagún. Rosa Icela Rodríguez ha respondido que, para el Gobierno de la Presidenta Sheinbaum, escuchar a las víctimas será prioridad, ha ofrecido despedir del Gobierno a los funcionarios indolentes y se ha comprometido a escuchar a todos los colectivos para tomarlos en cuenta en las iniciativas y reformas a las leyes que tienen que ver con la desaparición de personas.
Si bien da cierta esperanza para las familias la atenta escucha de la titular de política interior del Gobierno federal, del propio Gobierno se desprenden posiciones que pueden dar paso a la desesperanza y la indignación. Prueba de ello fue el cuestionamiento tan encarnizado que, desde voces del oficialismo, se hizo al colectivo que encontró los indicios del rancho de Teuchitlán, Guerreros Buscadores de Jalisco; la postura negacionista de que ese rancho hubiera sido un centro de exterminio; o cobijarse en un nacionalismo ramplón para negarse a aceptar la ayuda internacional que podría venir a partir del mecanismo excepcional iniciado por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU.
Pero nada de lo que hasta ahora ha dejado como saldo positivo el descubrimiento del rancho Izaguirre será suficiente si la sociedad no acompaña desde abajo a las madres y padres y a todos los colectivos de familiares que están buscando a los 127 mil desaparecidos que hay en México. No los dejemos solos.