Responsable de tortura, a la Fiscalía
Mal empieza el proyecto de la refundación de Jalisco cuando se designa al frente de la Fiscalía General del Estado (FGE) a un funcionario acusado de encabezar una institución donde la tortura se convirtió en práctica arraigada.
Mal empieza el Gobierno de Enrique Alfaro, que ha prometido un proyecto de cambio político en Jalisco, cuando designa a Gerardo Octavio Solís Gómez como próximo titular de la Fiscalía a pesar de las opiniones contrarias de organismos de derechos humanos.
O quizá Alfaro no necesitaba escuchar, sino leer lo que organismos de derechos humanos han dictaminado sobre Solís Gómez cuando este estuvo al frente de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) durante el sexenio del panista Francisco Ramírez Acuña, un gobernante que no dudó en usar la represión y la tortura contra movimientos sociales e inocentes.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) emitió la recomendación 6/2006 en la que se resolvían siete quejas de violaciones a derechos en los años 2002 y 2003. En la recomendación se señala: “Las inconformidades refieren que al ser investigados por personal de la PGJE, en distintos tiempos y por diversos delitos, fueron objeto de tortura y de abusos de autoridad. De forma coincidente argumentaron que los métodos de tortura utilizados fueron: asfixia provocada por una bolsa de plástico en la cabeza; ahogamiento con una franela mojada en la boca y nariz; toques eléctricos en diversas partes blandas del cuerpo; y en algunos casos quemaduras con fuego, entre otros. Estos sufrimientos fueron aplicados con el ánimo de que reconocieran su responsabilidad en la comisión de los delitos que se les imputaban. Coinciden también en que tales torturas fueron recibidas en lugares aislados y lejos del alcance de personas ajenas a las investigaciones; con ello resalta el hecho de que se les privaba de su libertad antes de ser adecuadamente investigados. Del análisis de estos casos se demostró la tortura como una práctica arraigada en el área de investigación de delitos a cargo de las agencias especializadas de la propia PGJE”.
Un episodio paradigmático de represión y tortura ocurrió la noche el 28 y 29 de mayo en el marco de la reunión de jefes de Estado celebrada en Guadalajara. Con el pretexto de una protesta frente a la valla policial, el Gobierno de Ramírez Acuña y los mandos de seguridad, entre ellos Solís Gómez, ordenaron una caza indiscriminada de personas. Esa noche fueron detenidos 111 personas, de las cuales se liberó al día siguiente a 63. A todas se les dieron tratos crueles y degradantes.
Al resto (48 personas) se las llevaron a instalaciones de la Procuraduría en la Calzada Independencia y la Calle 14. Una parte de ellos fueron torturados: bolsas en la cabeza para asfixiarlos momentáneamente, golpes en el cuerpo, simulacro de disparos en la sien, amenazas de muerte a ellos o sus familias, posturas corporales lesivas por varias horas, impedimento para comunicarse con familiares o abogados; además fueron vejados para obligarlos a firmar las acusaciones de culpabilidad que les presentaba el Ministerio Público.
Queda claro que la justicia en Jalisco no se va a refundar con Solís Gómez en la Fiscalía. Al contrario, se corre el riesgo de que la represión y la tortura, que son sistemáticas, se incrementen aún más.