Responsabilidad criminal
Hace más de 10 años, la Comisión Estatal del Agua, cuando Emilio González Márquez era gobernador de Jalisco, para nuestra desgracia, mandó hacer un estudio a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí con el propósito de conocer los componentes del agua del Río Santiago, después de la lamentabilísima pérdida del niño Miguel Ángel López Rocha, quien murió por las altísimas dosis de arsénico que ingirió al caer al cauce.
Aunque era una demanda añeja, por lo menos desde los años 70 del siglo pasado, no se atendió el problema como se requería, se fue dejando pasar, hasta 2008 cuando falleció Miguel Ángel y se puso un poco más de atención, no muy eficiente que digamos, aunque el tema sí trascendió de los ámbitos local y nacional.
El estudio se realizó, pero una vez con los resultados en la mano, se sacaron de la manga una cláusula de confidencialidad y los datos se ocultaron: 40% de los niños a los que se les aplicaron pruebas resultaron con altos niveles de contaminantes en su organismo: plomo, arsénico, cadmio, mercurio y benceno... veneno puro. Niños entre seis y 12 años. Esto es criminal.
Además, se encontró que la mayoría de los niños expuestos a la contaminación del Santiago en localidades como El Salto, Juanacatlán, Puente Grande y la Colonia Jalisco, de Tonalá, entre otras, todas muy populosas, tenían (¿tienen?) trastornos emocionales, deficiencias en sus habilidades cognitivas y, por ende, bajo rendimiento escolar; problemas de la vista y respiratorios y no se diga diversas dermatitis, sin desdeñar por supuesto, los contenidos de tóxicos en la sangre. Callar esto es criminal.
La información finalmente se dio a conocer en los últimos días, gracias a que un ciudadano la solicitó vía los mecanismos de Transparencia y circula ahora en internet el documento titulado: “Propuesta metodológica para la implantación de una batería de indicadores de salud que favorezcan el establecimiento de programas de diagnóstico, intervención y vigilancia epidemiológica en las poblaciones ubicadas en la zona de influencia del proyecto de la Presa de Arcediano en el Estado de Jalisco” (https://desinformemonos.org/wp-content/uploads/2020/01/INFORME-FINAL-ARCEDIANO_CEA_UEAS_JALISCO_2011_2.pdf).
Los resultados arrojan una realidad grave que ha empeorado con el paso del tiempo porque desde el Gobierno no se ha hecho mayor cosa. Paliativos, medidas cosméticas y rimbombantes para aparecer en medios y no tener problemas con los empresarios que contaminan el río, pero nada de fondo.
Vamos a ver qué hace Enrique Alfaro. Él se comprometió, desde la campaña, a “arrancar” su administración con el saneamiento del Río Santiago. Hubo anuncios, aunque en realidad pocos resultados hasta ahora. Me queda claro que no es fácil, pero el sentido es de urgencia y se requiere la concurrencia de voluntades de todos los ámbitos con un líder que los convoque: los tres poderes del Gobierno estatal, el Gobierno federal (toca insistir) y los municipales; los empresarios, por favor; y la sociedad en su conjunto, más los apoyos que ya se tienen de organismos internacionales y presiones como la del T-MEC con las exigencias medioambientales.
Está anunciada una inversión superior a mil 500 millones de pesos, el involucramiento de todas las secretarías que tienen que ver con el asunto, desde la parte sanitaria hasta la ambiental y agrícola, leyes para disponer de los marcos legales necesarios incluyendo un catálogo de sanciones para quien insista en seguir descargando sus desechos en las aguas del río.
Urge tomar acciones y ahora, con el estudio que se acaba de dar a conocer, el Gobierno estatal dispone de una herramienta que podría implicar ahorros y datos para actuar de inmediato en ciertos aspectos como la salud de los niños que es prioritaria.
Apenas el primero de enero se publicó en The New York Times, nada más y nada menos, un reportaje que desgarra con el puro título: “Un Chernóbil en cámara lenta” (https://www.nytimes.com/es/2020/01/01/espanol/america-latina/mexico-medioambiente-tmec.html). Hay promesas y compromisos planteados, falta cumplir, urge cumplir, de lo contrario, habrá que repartir entre más funcionarios, la responsabilidad criminal por las omisiones, las malas decisiones y todos los daños causados a la población de la zona, particularmente a los niños.
(lauracastro05@gmail.com)