Resiste la Corte la presión presidencial
Como de costumbre, el Presidente Andrés Manuel López Obrador embistió contra las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), horas antes de que el jueves pasado votaran mantener o no el carácter automático de la figura de la prisión preventiva oficiosa y si invalidaban o no su aplicación para los delitos de contrabando, facturación falsa y defraudación fiscal, al reprocharles que siguen poniendo muchos obstáculos para acabar con la impunidad en México.
Como se los reprochó cuando la mayoría de los ministros, incluido su presidente Arturo Zaldívar, decidieron no apoyar el proyecto del ministro José Fernando Franco González Salas que proponía rechazar los argumentos de inconstitucionalidad que promovieron la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y senadores de oposición para invalidar la prisión preventiva oficiosa por defraudación fiscal, y por la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales falsos, el Presidente les advirtió que si volvían a proteger a los “factureros” iba a predominar nuevamente en la Corte “el dinero, no la justicia”.
Ahora que estamos en días mundialistas, diríamos que en términos futboleros López Obrador quiso ablandar e intimidar al rival, metiendo la pierna fuerte, en busca de influir en la votación en el pleno de la SCJN, para mantener la figura de la prisión preventiva, y por otro lado, no excluir a los factureros para su aplicación. El Presidente logró sólo uno de sus objetivos.
Pese a las posiciones divididas que hay en el país de quienes están a favor y en contra de la prisión preventiva automática, sólo cinco de 11 ministros y ministras apoyaron la propuesta de quitar el carácter automático de la prisión preventiva, para obligar a la Fiscalía a mostrar pruebas para justificar la aprehensión. Este resultado fue, sin duda, del agrado del Presidente, pero no así que nueve de 11 hayan votado para sacar del catálogo de delitos que merecen cárcel forzosa los delitos fiscales.
Así la emisión de comprobantes fiscales por actividades inexistentes, contrabando y fraude fiscal superior a 8.7 MDP, dejó de considerarse una amenaza a la seguridad nacional y como delincuencia organizada, como lo consideró la iniciativa presidencial aprobada por la mayoría morenista y sus aliados en 2019.
De nueva cuenta, pues, la Corte dio la razón a la CNDH y a la oposición en el sentido que los factureros no ponen en riesgo la estabilidad, integridad o soberanía nacional, y que más bien esta reforma representaba un grave riesgo para que se diera el terrorismo fiscal, incluso con fines políticos e intimidatorios para adversarios y opositores al Gobierno.
La Corte volvió a mandar así una señal de que su independencia no está del todo perdida ante el Poder Ejecutivo y que queda la esperanza de que permanezca como uno de los reductos y contrapesos de un Presidente que se resiste a ellos y que ha buscado debilitarlos por todas las vías desde el inicio de su gestión.
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Jaime Barrera