Represión contra familias buscadoras
Gustavo Rojo Jáuregui es un carpintero de 35 años. Hace un mes, el 9 de julio, acompañó a su esposa a la parada del camión en la Colonia El Manantial, Tlajomulco. Fue la última vez que se le vio. La ficha de búsqueda emitida, una semana después, indica que Gustavo Rojo tiene, como señas particulares, cicatrices en el labio derecho superior y rodilla izquierda, y un tatuaje en el labio inferior parte interna. No podemos siquiera imaginar lo que su familia siente al pasar los días sin saber de él.
Tras cuatro semanas de su ausencia, el miércoles 7 de agosto, la familia de Gustavo decidió manifestarse en Casa Jalisco y pedir al gobernador su intervención para el pronto regreso de su hijo-hermano-esposo a casa. No los recibieron, por lo que intentaron bloquear la Avenida López Mateos para llamar la atención de la autoridad, de los medios y de la sociedad. La policía estatal se los impidió violentamente, por lo que la familia respondió. En la trifulca, dos familiares fueron detenidos: Oswaldo Heriberto Rojo y Jairo Jáuregui, hermano y sobrino de Gustavo.
Al calvario de tener a Gustavo desaparecido, siguió un segundo calvario para la familia Rojo: exigir que no se llevaran a Oswaldo y Jairo, y luego exigir que fueran liberados por el Ministerio Público, en la Calle 14 de la Zona Industrial. El jueves les dieron falsas esperanzas al decirles que el policía que los inculpaba de agresión y robo se desistiría y serían liberados. No fue así. En lugar de ello, fueron llevados a los juzgados de Puente Grande. Y siguió el hostigamiento. Elementos de fiscalía que indagan la desaparición de Gustavo fueron a la casa materna y reclamaron que la familia se movilizara y diera declaraciones a los medios; sintieron que se les responsabilizaba de la detención de dos miembros de la familia y se les reprochaba por movilizarse.
El viernes por la mañana, Sonia Rojo, hermana de Gustavo, declaró a Elsa Martha Gutiérrez (colega de MVS): “No se vale que nos metan miedo, porque somos primerizos en esto. Quieren amedrentarnos con una cosa y otra para no seguir. Como les dije a mis hermanos, así seamos cinco, no importa… hasta que aparezca Gustavo”, dijo valientemente. Pero en los hechos, cesaron las movilizaciones y declaraciones a medios por temor a represalias de las autoridades, específicamente de parte de la Fiscalía del Estado. Finalmente, ayer viernes cerca de las 18 horas, Oswaldo Rojo y Jairo Jáuregui fueron liberados sin cargos.
Este es un caso claro y emblemático de represión o criminalización de parte de las autoridades en contra de una familia que legítimamente está buscando a su hijo desaparecido. Encima de tener el dolor de su ausencia, la familia Rojo debió enfrentar el miedo de la persecución, el encarcelamiento (por más de 52 horas) de un hermano y un sobrino. Ahora ya están libres, pero sigue pendiente que la autoridad dé con el paradero de Gustavo.
Lamentablemente, el doble calvario que enfrenta la familia Rojo (un hijo ausente y enfrentar la criminalización de las autoridades) es común en Jalisco. Lo ha padecido Guadalupe Aguilar Jáuregui, fundadora de Fundej, el primer colectivo de familias buscadoras. Al colectivo Por Amor a Ellos le han borrado varios murales en los que han escrito los nombres de sus hijos desaparecidos.
Al colectivo Luz de Esperanza le borran cotidianamente las cédulas de búsqueda que semana a semana pegan en las calles de la ciudad. Pero también padecen hostigamiento y vigilancia policial constante. También represión directa, como la que sufrieron madres de este colectivo el 31 de marzo de 2023, afuera de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas en la calzada Independencia. Y también integrantes del colectivo Guerrero Buscadores de Jalisco, quienes denunciaron que padecieron hostigamiento de presuntos halcones del crimen organizado mientras hacían búsqueda de fosas clandestinas en el Cerro del Cuatro el pasado 11 de abril y, a pesar de que reportaron el hostigamiento, la policía no acudió en su auxilio.
Hay casos de pérdida de vidas humanas. El pasado 1º de agosto, ocurrió en Lagos de Moreno el asesinato de Jesús Isaac Castillo Mireles (28 años), hijo de Catalina Mireles Romero, madre buscadora de Ana Elvira, desaparecida el 28 de abril de 2015.
Es injusto e indignante que las autoridades de Jalisco, en lugar de acompañar empáticamente a las familias que buscan a sus hijos y en lugar de hacer una búsqueda eficaz de los desaparecidos, se dediquen a reprimir a las familias mediante la vigilancia, el hostigamiento, la criminalización, el encarcelamiento y, eventualmente, la muerte de otros de sus hijos. Alto a la represión y criminalización en contra de las familias que buscan a sus personas desaparecidas.
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