Renovar, no desaparecer
La incursión del Gobierno mexicano en instrumentos para la transparencia y la rendición de cuentas es relativamente reciente y, además, no ha sido del todo satisfactoria. Lo fue en un principio, sí, cuando pensábamos que las instituciones se estaban renovando en un franco proceso democratizador que nos alcanzaba a todos, sin embargo, cuando los gobiernos, el federal, los estatales y los municipales, de distintos colores, se dieron cuenta de que sí estaban funcionando, los adulteraron y los echaron a perder, casi en todos los casos.
Tenemos el caso emblemático del Instituto Federal Electoral, ahora Nacional Electoral, que en los noventa fue ciudadanizado y por lo menos para las elecciones de 1997 y 2000 funcionó como organizador de los comicios con base en los principios que lo rigen: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y transparencia (ahora se llama “máxima publicidad”).
Cuando la clase política y me refiero a toda la clase política, a dirigentes de todos los partidos políticos con registro entonces, se dieron cuente de que el IFE funcionaba, se metieron hasta pervertirlo y lograron que la ciudadanización fuera simplemente de papel; se repartieron por cuotas los espacios en el Consejo general de la institución, perdió su autonomía y buen parte de su credibilidad, en uno de los hechos más lamentables de nuestra corta historia rumbo a la democracia (caminamos hacia allá pero nada más no llegamos… el horizonte inalcanzable).
Así como el IFE (ahora INE) los partidos políticos se infiltraron en otras instituciones que estaban consideradas como grandes logros, reitero, en el concierto nacional y en el de los estados, específicamente Derechos Humanos y Transparencia. Otros organismos fueron dotas de autonomía como el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el INEGI, para que los gobiernos no intervinieran en la manipulación de cifras; y luego el Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
Recuerdo que cuando se crearon estos organismos se insistía en que eran temporales, que llegaría el momento en que no fueran necesarios porque se trataba de intervenir para corregir de fondo y, entonces sí, avanzar. Podíamos imaginar, por ejemplo, que sería erradicada la tortura y que entidades como el Seguro Social y el ISSSTE funcionarían como relojitos en beneficio de los derechohabientes; o que no habría ya quejas contra los maestros porque todo caminaba en términos correctos, apegados a derecho y sin intentar abusar o pervertir; no se diga el sistema judicial mexicano, en el caso de Derechos Humanos.
Y en cuanto a Transparencia las instituciones han sufrido altibajos, funcionan unas más que otras, pero también la clase política ha metido mano como sucedió aquí en Jalisco.
Todos estos organismos e instituciones se han creado porque los sucesivos gobiernos no son confiables, por la corrupción que ha campeado, por la manipulación que acostumbran.
La verdad, el entramado autoritario que se ha ido tejiendo en nuestro país a lo largo de décadas, difícilmente se va a destruir en un sexenio.
Nada más hay que pensar en los cientos de miles de burócratas de todos los órdenes de Gobierno que por diferentes causas no hacen bien su trabajo, ya sea por la negligencia heredada, porque así lo han hecho siempre, porque son leales al partido que en principio les dio el puesto, a ellos y a sus familias por generaciones; sabemos que en la alternancia desde adentro, en diferentes puntos se boicotea para que los nuevos gobiernos no sean operativos y la ciudadanía los “castigue” en la siguiente elección.
Dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador que estos organismos se crearon porque estaban de moda, pero no es así; se han fundado porque la sociedad mexicana ha insistido en instrumentos confiables. No estoy de acuerdo con la desaparición del Coneval, sí con una intervención que dé como resultado una mejor entidad, transparente, eficiente, sin abusos, con las plazas necesarias para desarrollar el trabajo y sin excesos.
Hay que ser realistas, no se va a terminar la corrupción de una vez y para siempre, se trata de una lucha cotidiana y quizá permanente, seis años no son ni serán suficientes para derrotar a un monstruo de más de 80 años; cuando termine este sexenio, será necesario que esas instituciones sigan funcionando, renovadas.