Registro bajo sospecha
El cambio de reglas, de última hora, para el registro de las y los aspirantes a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación, al permitir que las inscripciones se hicieran vía correo electrónico, y el crecimiento exponencial de la matrícula las últimas horas de que terminara el plazo el domingo pasado, despertó muchas sospechas que siguen manchando el apresurado e improvisado proceso para sacar, sí o sí, estos nombramientos por voto popular, como dicta la reforma al Poder Judicial impulsada por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador.
Ese aumento repentino de las y los interesados en iniciar o continuar su carrera judicial con las nuevas reglas de ingreso, se evidenció en la danza de cifras que empezaron en la rueda de prensa mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum, donde señalaron que el comité de evaluación del Poder Ejecutivo recibió en total 18 mil 447 inscripciones, cuando apenas el miércoles llevaban mil. Ricardo Monreal se jactó también de que los que pronosticaban un fracaso en esta convocatoria se habían equivocado porque el comité de evaluación del Poder Legislativo logró 11 mil 646 registros. Estos números contrastan con el Poder Judicial, donde persisten muchas resistencias a la reforma. A su comité de evaluación fue a donde llegaron menos solicitudes, sumando apenas tres mil 805 aspirantes. En total fueron 33 mil 898 los registrados.
Pese a todas las suspicacias, para Sheinbaum la convocatoria para la elección de juzgadores “fue todo un éxito, algo inédito, histórico” y prueba de lo “activo” que está el pueblo de México, y de que “el Poder Judicial se va a transformar para bien”.
Lo cierto es que a siete meses de que se realice la primera elección de juzgadores en la historia del País el 1 de junio del 2025, en el Instituto Nacional Electoral (INE) no hay claridad del mecanismo para estos comicios, y en su Consejo General hay divisiones internas entre quienes están en desacuerdo de que no se haya autorizado por parte del Poder Legislativo la prórroga de tres meses que habían solicitado para poder organizar mejor este nuevo proceso electoral.
El tema del costo que tendrá la primera elección para el Poder Judicial, también es motivo de discrepancias entre las y los consejeros electorales, luego de que les fue rechazado en el Poder Legislativo el presupuesto inicial que habían planteado por alrededor de 13 mil millones de pesos, y que su presidenta Guadalupe Taddei Zavala no haya puesto mayor resistencia ante el líder de los diputados morenistas para reducir esa cifra en más de cuatro mil millones de pesos de un plumazo.
En espera de cómo resuelvan el galimatías que tienen en el INE, la segunda etapa de este atropellado proceso culmina el próximo 15 de diciembre, cuando los tres comités emitan el dictamen de los que cumplieron debidamente con la documentación requerida. Veremos qué pasa con este primer filtro.
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