Redadas
Dos hechos son inminentes: las redadas contra la inmigración en ciudades de la Unión Americana y el acuerdo de tercer país seguro, al parecer ya alcanzado por Guatemala con Estados Unidos. Ambos representan una enorme presión para México.
Las detenciones de inmigrantes son un factor de división política interna como lo reflejan las palabras de la alcaldesa de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, al ser cuestionada sobre el tema: “La Casa Blanca está agravando una crisis humanitaria que ya está en aumento con los centros de detención. Si realmente quieren ayudar a las ciudades, deberían preguntarnos qué necesitamos, porque las demostraciones políticas de fuerza sólo dañarán, no ayudarán”.
La tensión entre autoridades locales y el Gobierno de Trump también alcanzan a ciudades como San Francisco, Los Ángeles y Nueva York. Pero es claro que el objetivo de la operación contra los migrantes no es ayudar a las ciudades sino provocar un impacto en la base electoral conservadora.
Esta operación ha puesto en alerta al servicio consular de México que se apresta a dar soporte legal a los ciudadanos que sean perjudicados por estas acciones, lo que representa un desafío operativo y un hecho sin precedentes para la diplomacia de nuestro país.
La potencial deportación de compatriotas significa un sufrimiento real de miles de familias que podrían ser afectadas. El clima de persecución y miedo que se siembra en las comunidades hispanas, la saturación de los centros de detención en donde se han registrado hechos vergonzosos por el trato inhumano y los efectos de la desesperación parecen ser una parte del daño colateral de una medida injusta.
Mucha gente buena sufrirá por disposiciones impulsadas por la lucha electoral, que deja de lado los valores de respeto a la dignidad. Y por otra parte se espera que la administración Trump anuncie el acuerdo de tercer país seguro, con Guatemala, en los próximos días, lo que significa que al entrar en vigor, los solicitantes de asilo de cualquier país que se presenten en los puertos de entrada de los Estados Unidos o que sean detenidos mientras cruzan en la frontera podrían ser enviados a buscar asilo en Guatemala. Según ha reportado la revista New Yorker, se trata de algo mucho más grande de lo que implica tradicionalmente el término tercer país seguro.
Estamos hablando de una especie de acuerdo de transferencia en el que Estados Unidos puede enviar a cualquier solicitante de asilo, no sólo a los centroamericanos, a Guatemala. Sin embargo el acuerdo enfrenta una férrea oposición dentro de Guatemala ahora enfrascada en elecciones. No queda claro cómo podría Guatemala recibir a una gran cantidad de solicitantes de asilo, y con qué recursos serían atendidos o en cuales condiciones.
Esto implica una presión adicional para México, que ha resistido el firmar un acuerdo similar y que ahora mismo opera una contención mediante la aplicación más estricta de las leyes migratorias. Hemos recibido, desde enero, a más 15 mil solicitantes de asilo en Estados Unidos y el número crece sistemáticamente provocando presión en las ciudades de la frontera como Tijuana, Nuevo Laredo y Ciudad Juárez.
Con ese escenario México enfrenta presiones, como nunca antes, en materia de migración: por un lado las redadas y la deportación potencial de muchos compatriotas y, por otro, la exigencia reiterada para aceptar el acuerdo de tercer país seguro con Estados Unidos, que ahora podría argüir que con el acuerdo que se anunciaría con Guatemala, la cantidad de personas que recibiríamos sería menor.
Con este panorama, la diplomacia mexicana se enfrenta al mayor desafío en la relación con la Unión Americana de los últimos tiempos. Y otra vez, los hechos nos llevan a la obligación política y moral de defender los intereses de los mexicanos en suelo estadounidense con mayores recursos. Pero al mismo tiempo invirtiendo en la atención de los miles de inmigrantes que ahora viven la espera de un futuro mejor en suelo mexicano. La migración es hoy mismo el mayor problema político al que se enfrenta México.