Reclamos injustificados
Estamos acostumbrados a leer los reclamos que diversos columnistas hacen al gobierno en sus tres niveles sobre temas relacionados con la delincuencia. Considero que son reclamos injustos, ya que no se atienen a la lógica del propio gobierno. No sabemos desde cuándo nuestros gobernantes tomaron la decisión de realizar su trabajo al margen, por completo, de la delincuencia organizada, pero esa parece ser justamente su lógica, por lo mismo, resulta absurdo pedirles que resuelvan un problema que de antemano decidieron ignorar.
Desde luego, se trata de una hipótesis. De ser cierta, la razón que la explica tendría que ser simple y llanamente la impotencia creciente del gobierno ante este grave fenómeno. La industria delincuencial supera al estado en respuesta, armamento, dinero, inteligencia, estrategia y desplazamiento, lo cual le permite copar a las policías municipales e incluso ponerlas en su nómina.
En este supuesto escenario a los gobiernos estatal y federal no les queda otro trabajo que cortar listones, develar placas, pronunciar discursos, inaugurar las obras que pueden, rendir informes y promover su imagen, algo que anteriormente estaba reservado sobre todo a las “primeras damas”. En cambio, a los gobiernos municipales se les carga la mano, deben cuidar la miel entre enjambres de moscas, ofrecer a la ciudadanía todos los servicios que corresponden y sobrellevar el peso de la gran delincuencia que rebota siempre, en primera instancia, sobre la autoridad municipal, pues es la que tiene el contacto primario con la ciudadanía, con la gente a la que le roban el celular o el auto, la que es asaltada en su negocio o domicilio; deben enfrentar a los padres de familia cuyos hijos han sido seducidos por la drogadicción con todas las secuelas, o que han sufrido la experiencia de que un familiar haya sido levantado y desaparecido.
Esta realidad no excluye el que aún los munícipes, si tienen aspiraciones a más, se vean tentados a recibir apoyos en dinero o en especie, que luego les atan las manos, ayuntándolos a la pesada carreta del crimen organizado, que en principio sólo les pedirá que los “dejen trabajar”, y los dejan; por lo mismo carece de lógica pedirles resultados en esta materia.
Hay otra lógica, probablemente inducida, la que lleva a pensar que, si nuestro gobierno es incapaz de someter a los cárteles delincuenciales, debe haber otros gobiernos, de otros países, que sí puedan hacerlo. Nada nuevo, el desastre mexicano del siglo XIX llevó a considerar a muchos que solamente un gobernante extranjero podía rescatarnos de esa dramática condición, se hizo el intento, fracasó, pero abrió las puertas a la dictadura, que es también otra secuencia lógica, sobre todo si se considera que en aquellos tiempos la dictadura funcionó.
Sin duda que el programa de la “cuarta transformación”, buscando “cero corrupción”, estaba ni más ni menos en el punto neurálgico que podría resolver la mayor parte de nuestros problemas, lástima que tres años después de su proclamación, la corrupción siga gozando de envidiable salud, vaya, ni siquiera le ha dado un catarrito.
Se hace indispensable una reacción de toda la ciudadanía, de sus organizaciones e instituciones privadas cualquiera sea su origen y finalidad, de la empresa y las universidades de los gremios de profesionistas y artesanos, para generar un proyecto alternativo de comunidad que realmente sea benéfico para todos.
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