¿Quién decide el derecho a la ciudad?
Comentaré dos hechos distintos pero similares. El primero, el desfile navideño anual de una refresquera en Guadalajara. El segundo, una manifestación por la desaparición de dos hombres en Zapopan.
Lo que me interesa resaltar del primer evento quedó resumido en la red X (antes Twitter) de Juan Pablo Villalobos, escritor tapatío residente en Barcelona, pero de visita en Guadalajara por la feria del libro: “¿Qué genio descomunal pensó vamos a cerrar la ciudad durante la FIL?”.
Cada año, una empresa refresquera ocupa la avenida principal de la Perla Tapatía para el desfile de sus carros alegóricos. El jueves desde las 19:00 horas la Policía Vial cerró la avenida Javier Mina/Juárez/Vallarta entre Damián Carmona (colonia La Perla) y la Glorieta La Minerva. Los cierres viales se hicieron con la caravana, por lo que estrangulaban las vialidades lentamente hasta que culminó cerca de las diez de la noche. Además suspendieron cinco rutas de transporte público y desviaron otras 15.
Soy cliente frecuente. Cada año me digo que no caeré, pero siempre termino atrapado en ese tráfico.
Este desfile es único por su naturaleza comercial. Es decir, no surge de una manifestación social, una expresión cultural o deportiva. Tiene como trasfondo la Navidad, pero la empresa refresquera ni es dueña de la celebración decembrina ni tiene otro propósito que publicitar su marca. La caravana regodea a miles, ciertamente, pero alrededor hay derechos adicionales que nadie cuida. La gente que vuelve a casa en transporte público tras una jornada de trabajo. Los automovilistas -perdón el “cochismo”- que todos los días estamos hasta la m... del tráfico.
La Policía Vial otorga el permiso. Me pregunto: si el dueño de una cafetería solicita cerrar la avenida principal de Guadalajara para un evento comercial, ¿le darían permiso como a la refresquera?
Este dilema se aprecia mejor si analizamos lo ocurrido en Santa Ana Tepetitlán, en Zapopan. Unas 40 personas, la mayoría mujeres y niños, se manifestaron el viernes por la desaparición de José Juan Ramírez y Carlos Alan Preciado. Para exigir una respuesta de la autoridad bloquearon parcialmente el Camino a Santa Ana al cruce con López Mateos.
Como respuesta, el Gobierno estatal envió antimotines para liberar la vía. En las imágenes (las comparto en @jnlomeli) se observa una hilera de policías armados que repliegan a mujeres y niños.
En ambos casos la respuesta del Estado es desproporcionada. En el desfile, algún burócrata desde un escritorio firma como autómata un permiso anual sin la consciencia de lo público y de la caótica ciudad en que vivimos. En el segundo caso, el mismo burócrata, o cualquier otro, firma una orden que concede el uso de la fuerza contra mujeres y niños en una protesta.
Cabe preguntarse, ¿bajo qué criterio y quién decide el derecho a la ciudad?
jonathan.lomeli@informador.com.mx