¿Qué sigue después del 2 de junio?
Está por acabar el proceso electoral, un periodo caracterizado por la polarización, las descalificaciones y acusaciones, con o sin sustento, y por la presencia de propuestas de Gobierno que suelen ser de mucha forma y de poco fondo. Muchos prospectos a candidaturas no llegaron a formar parte de la boleta y de igual forma muchos de los que estarán en la boleta no lograrán un espacio de representación.
Tal vez al paso del primer anuncio de los resultados oficiales, las personas que no lograron un buen resultado se sentirán apesadumbradas y pasarán a tener un fuerte sentimiento de incredulidad y pocas expectativas en torno a las nuevas administraciones de Gobierno, es posible también que se conviertan en oposición activa y persistente de quienes les ganaron en la contienda; en paralelo, las y los ganadores correrán el riesgo de tomar una posición de arrogancia, asimismo sus simpatizantes, este escenario podría mantener la polarización que tanto ha mermado el diálogo y los acuerdos en los últimos tiempos en nuestro país.
Ante este escenario que puede anticipar la persistencia de la división y el conflicto político social que se ha nutrido en estas campañas, es necesario actuar, poner resistencia y dejar las lógicas futboleras en la política, porque, tras el 2 de junio, llegará la hora de hacer Gobierno y esa es una tarea que nos deberá ocupar a todos, a las y los ganadores y por supuesto a la ciudadanía, a quienes votaron por los nuevos gobiernos, pero también a quienes votaron en contra e incluso a quienes se abstuvieron de votar, porque el futuro de nuestras comunidades dependerá de que nos involucremos sin tamices ni equipos, con disposición para llegar a los acuerdos que eviten se paralicen las decisiones, vigilando el ejercicio de nuestros representantes y participando en la definición e implementación de políticas públicas. En este orden de ideas, me permito replantear el tema de fondo que nos deberá ocupar a partir del 3 de junio. ¿Cómo van a resolver los problemas que más nos aquejan a los mexicanos, los proyectos legislativos y de gobierno de los tres órdenes de que lograrán el triunfo electoral?
El primer desafío será sobrevivir a la transición de Gobierno, proceso altamente complejo que implica la construcción de acuerdos entre los equipos salientes y los entrantes en temas de alta tensión como la configuración y aprobación de los presupuestos, ya que el equipo que sale, diseña y aprueba un presupuesto que podría determinar el ejercicio del primer año de Gobierno del equipo entrante; otros temas delicados de esta agenda son: la verificación de quienes entran, del estado institucional y de sus recursos, y los acuerdos con liderazgos de las burocracias que se movilizan para negociar la posible permanencia del funcionariado, momento determinado por la inexistencia del servicio profesional de carrera en casi toda la administración pública en México. Asimismo de las condiciones en que se dé este trabajo dependerá la continuidad de proyectos y políticas públicas que pese a ser exitosas o a haber demostrado sus beneficios, estarán en riesgo de ser suspendidas por contraponerse a las enarboladas por el nuevo Gobierno durante la campaña. Si los equipos entran en posiciones de no cooperación, el proceso puede incluso llegar a afectar la gobernabilidad.
El segundo desafío será para los nuevos gobiernos, definir una hoja de ruta que les permita actuar de inmediato para responder a la expectativa que generaron, pasar a la acción y tratar de responder con claridad y efectividad a esos problemas que llamaron impostergables.
Para ahondar en esta idea, acudamos a las elecciones del 2018. Muchas personas votaron por una propuesta de seguridad que prometía cambiar el paradigma de acción y regresar al Ejército a los cuarteles, como respuesta al claro recrudecimiento de la violencia que había acarreado la declarada guerra contra el narcotráfico. A seis años y tras una ausente política de fortalecimiento y coordinación efectiva con las policías estatales y municipales, somos testigos de cómo las violencias y enfrentamientos de los grupos del crimen organizado persisten y se han recrudecido y de cómo los cárteles han multiplicado sus acciones delictivas cercando por ejemplo con el cobro de piso al comercio en las ciudades; la consecución de la paz sigue siendo una deuda y la principal demanda ciudadana a lo largo y ancho de nuestro país, un fracaso que ha conllevado implicaciones catastróficas para los ciudadanos expuestos al crimen organizado.
Además de la seguridad como prioridad, los nuevos gobiernos tienen otros cuatro temas urgentes en el tablero, el primero de ellos, la crisis hídrica, de la que hablamos en este espacio hace unas semanas. La Conagua estimó el fin de semana que hay un 23% de déficit de agua en todo el país. Por su parte, el Banco Mundial señala que la disponibilidad promedio anual per cápita del vital líquido en México podría pasar de 4 mil metros cúbicos en 2012 a 3 mil en 2030, una tendencia gravísima si consideramos que en 1960 contábamos con 10 mil metros cúbicos per cápita. Hoy los niveles de nuestras presas son los más bajos desde 2015 y no parece que vaya a mejorar pronto con una sequía que ya cubre este año al 70% del territorio nacional.
Por su parte, la desigualdad en todas sus formas es un problema complejo y su atención es impostergable, algunos datos que dimensionan este desafío son que el ingreso mensual de los hogares más ricos puede llegar a ser hasta 38 veces mayor que el de los más pobres; somos el país de la OCDE que más trabaja y menos salario percibe en promedio; aunado a ello, en nuestro país persisten las diferencias respecto al ingreso que por el mismo trabajo reciben hombres y mujeres y en cuanto al tiempo que ambos dedican al trabajo doméstico no remunerado; 4 de cada 10 mexicanos no tienen acceso a servicios de salud y la lista podría seguir. La desigualdad persistente demanda políticas articuladas de largo plazo para atender las vulnerabilidades, multiplicar las oportunidades para dar garantía de piso parejo que nos permitan avanzar en los índices de calidad de vida, pero sobre todo para ser una nación justa para todas y todos.
El tercer problema urgente es aprovechar el fenómeno del nearshoring, lo que va a requerir de los gobiernos municipales y estatales, garantizar el suministro de servicios para la inversión, seguridad, agua, energía, sin que esto sacrifique el acceso de los ciudadanos a los mismos. Para el Gobierno federal, existe un reto a mayor escala, la transición obligada a energías amigables con el medio ambiente, condición no negociable de muchas compañías que se quieren instalar en el territorio nacional, tan solo la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz necesita ya que el 30% de su energía sea de fuentes limpias y renovables.
Finalmente, en el plano internacional, los nuevos gobiernos enfrentarán un contexto que parece modificar el status quo de las relaciones de poder entre las potencias económicas mundiales. La guerra entre Israel y el pueblo Palestino polariza los mercados, levanta las alarmas de los ministerios de defensa y le suma importancia al trabajo diplomático para evitar escaladas en las tensiones que existen en otras regiones. Conflictos de esta escala repercuten en la política nacional de los países latinoamericanos que también están atravesando redefiniciones en su papel en la economía y política mundial.
Gane quien gane, hará frente a los problemas y retos que he planteado, es responsabilidad de las y los ciudadanos colocar a quienes obtengan la victoria el próximo 2 de junio en el escrutinio público, para exigir que hagan el trabajo al que se comprometieron, gobernar para lograr el bienestar de todas y todos. No quitemos el dedo del renglón.