Puntos suspensivos
El 2018 fue un año en el que los avances en los acuerdos en las distintas áreas de gobierno parecieron coincidir y echaron a andar el engranaje en la búsqueda de erradicar la violencia hacia la mujer a través de instancias como la Alerta de Violencia de Género; sin embargo, establecer en el Estado estos mecanismos no ha reflejado una baja en el índice de violencia, por el contrario, cada año el número de agresiones, desapariciones y feminicidios va en aumento, pues entre enero de 2019 y agosto de 2020 han fallecido 455 mujeres en condición violenta, de esos casos 96 se consideraron feminicidios, 61 el año pasado y 35 en lo que va de éste, el resto sólo como homicidios dolosos. Y al momento de esta publicación los números serán otros.
¿Dónde está la falla? Si bien podría adjudicarse ese aumento en la cifra de casos a la atípica situación de convivencia que obligó a las sociedades de todo el orbe por el COVID-19 a cambiar sus esquemas, lo cierto es que eso nada tiene que ver con la falta de rigor en el avance de la aplicación de programas de apoyo, capacitaciones para el personal que atiende en primera instancia a las víctimas y la actualización de los documentos que dan constancia de la eficacia en la aplicación de los protocolos.
Quizá tenga todo que ver con los puntos suspensivos en los que se ubican los acuerdos y la evaluación de dichos programas; quizá la baja incidencia de denuncias, aunque las llamadas de alerta al 911 registraran un aumento; quizá la reducción en el presupuesto que sufrieron las instancias de apoyo a la mujer en el primer semestre del año; pero presupuestos aparte, la violencia de género como fenómeno social no ha tenido la lupa que le corresponde y hay que esperar a ver cómo grupos feministas atraen los reflectores con acciones al respecto denunciando a hijas, hermanas y madres que salieron de casa un día para no volver, a quienes la Alerta Amber o el Protocolo Alba no han devuelto o que incluso perdieran la vida al interior de su propio techo a causa de quienes fueran sus parejas.
Hace un año que no se reportan avances en la Alerta de Violencia de Género que se activó en Jalisco a finales de 2018, en la que participan los 125 municipios y sólo algunos de ellos han enviados sus planes de acción a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), pero no se han cumplido las evaluaciones trimestrales requeridas.
Este año avanzamos además con una Ley Olimpia y escuadrones de seguridad especial en el Estado, Las Ateneas, entrenadas para vigilar la integridad de las mujeres, sobre todo en las calles del primer cuadro de la ciudad previniendo el acoso o actuando de manera inmediata ante una agresión o bien acudiendo a brindar apoyo en las denuncias de emergencia. Pero ¿cuántas Ateneas se requieren para sensibilizar a la sociedad y hacer un cambio? De momento sólo tenemos 80 y se necesitan más.
Se necesitan más acciones y programas que se ejecuten con rigor y establecer como prioridad una Mujer Segura, no sólo como referencia al programa de defensa personal que en algún momento promovieron los municipios para brindar herramientas a las mujeres. Se necesitan mujeres seguras para formar una sociedad donde los niños y las niñas aprendan que la violencia no es una opción.
Ahora esas mujeres tienen una exigencia superior, son las encargadas del desarrollo integral de una generación que recibe bajo el techo del hogar no sólo la educación social y ética sino también académica y que no consideran como opción ponerle puntos suspensivos a su desempeño.
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