Prohibido prohibir
Una empresa contrata a otra para prestar un servicio. Es lo más común del mundo: remodelar una oficina, limpiar pisos y ventanas, preparar y servir la comida a los empleados, instalar un sistema de comunicación interno, entregar paquetes y documentos, decorar un espacio, limpiar fachadas de cristal, vigilar los accesos, etcétera.
Todos estos servicios y muchos otros, se hacen mejor y cuestan menos cuando se llevan a cabo por personal especializado -atención: no son empresas las que ejecutan un trabajo especializado sino personas capacitadas para realizarlo.
A esto le llamamos “sub-contratación”, “terciarización” o simplemente, “prestación de servicios”. También le llamamos “outsourcing”, aunque esta palabra ha sido satanizada por algunos políticos de este país.
El que una empresa preste servicios a otra no tiene absolutamente nada de malo, por más básicos o complejos que éstos sean. Al contrario, se trata de una práctica muy sana que deberíamos de extender a más empresas y servicios para que nuestra economía sea cada vez más competitiva. Después de todo, en un mundo globalizado, la competitividad es fundamental para generar Prosperidad Incluyente.
Si yo tengo un banco, debo concentrarme en lo que me genera más valor, que es otorgar crédito y cobrarlo porque ésa es nuestra responsabilidad frente a quienes nos confían sus ahorros. Para ser un buen banquero, es mejor no perder el tiempo pensando en todas las actividades que enumeré al principio. Debo concentrarme en la responsabilidad principal del banco. Lo mismo aplica para todos los negocios.
La contratación de empresas con personal especializado se hace para ofrecer servicios de mejor calidad, a precios más bajos y en condiciones más atractivas. En un entorno de competencia, esto termina beneficiando a nuestros clientes y empleados. No olvidemos que la innovación, la mejora continua y la evolución de los negocios se hace para que el consumidor pueda decidir libremente qué le conviene más y nos otorgue el beneficio de su preferencia.
Tristemente algunos políticos no entienden esta dinámica. Sucede que, en los últimos años, el SAT y una parte del sindicalismo, representado por el senador Gómez Urrutia, se han ocupado en satanizar a las empresas de outsourcing, señalando que “incumplen con sus obligaciones laborales y que evaden impuestos”. Descalifican una actividad deseable, como si todas las empresas que prestan servicios a otras operaran de manera corrupta.
La situación es muy distinta:
(1) En el pasado, el SAT fue incapaz de impedir los abusos por parte de algunas empresas “proveedoras de servicios”. Para cubrir esta falta, ahora se pretende señalar y castigar a los usuarios legítimos de estos servicios e imponer una enorme carga regulatoria a las empresas que han hecho las cosas bien. La omisión del SAT en el pasado fue causada por corrupción, que nada tiene que ver con insuficiencia de leyes. Bajo este marco legal, las facultades de auditoría de este organismo le permitieron detectar y someter a las empresas culpables de malversar los impuestos retenidos y que no pagan ISR. En cambio, lo que hoy se propone es dejar a los evasores impunes y perseguir a las empresas que utilizaron estos servicios y que pagaron por ellos -de ninguna forma corresponde a estas empresas hacer el trabajo de fiscalización.
(2) Desafortunadamente, el senador Gómez Urrutia tiene agravios históricos que nublan su visión. La prestación de servicios entre empresas no tiene por qué afectar los derechos de los trabajadores. Usuarios y prestadores de servicios están obligados por ley a cumplir con sus respectivos trabajadores. No hay distintas leyes aplicables a quien recibe y a quien presta un servicio. Si el senador quiere tener un sindicato más grande, debe buscar más afiliados, pero de ninguna manera puede obligar que toda actividad económica se haga exclusivamente por trabajadores de una sola empresa afiliada a su sindicato.
La nueva propuesta de ley para regular el outsourcing es sumamente perjudicial. Sobre-regula, crece el costo de la burocracia y el entorpecimiento de la misma a las actividades productivas, que ahora serán criminalizadas. Todo esto atenta contra el libre comercio y la voluntad de las partes y lo peor del caso, no garantiza que los actuales evasores y abusivos sean detenidos y castigados.
Esperamos que la cordura prevalezca y no sea aprobada esta nueva ley. Ojalá que el SAT pueda pronto presentar ante la opinión pública las pruebas que exhiban a estos grandes evasores, que no “paguen justos por pecadores”. Sigamos al pie de la letra la máxima del Presidente: “Prohibido prohibir”.
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