Presupuesto y opacidad en la era AMLO
Para nadie es un secreto que al presidente López Obrador le molestan los organismos autónomos, mucho menos lo es que lo suyo-lo suyo no es la transparencia en el uso de los recursos y decisiones gubernamentales. No lo fue cuando gobernó en la Ciudad de México y no lo es ahora como presidente. Como todo ser humano, le gusta presumir de lo que carece e insiste que la mañanera es un ejercicio de trasparencia e información. No es así: hablar todos los días frente a una bola de paleros y algunos periodistas no sustituye eso que la Constitución consagra en el artículo sexto: el derecho a la información. La razón es muy sencilla: aún suponiendo que los que asisten a la mañanera fueran todos grandes periodistas y que el gobierno informara puntual y verídicamente lo que sucede en el país -cosa que sabemos de sobra que no es así- el derecho es de todas y todos, de cada uno en lo individual, y la información de lo que se hace con el dinero público nos pertenece.
Fue a principios del siglo XXI cuando un grupo de ciudadanos, algunos periodistas entre ellos, pero sobre todo activistas del derecho a la información, logró que el país tuviera por primera vez un mecanismo que garantizara este derecho tras poco más de 25 años de que había sido incluido en la Constitución. Nació entonces el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) como un organismo para garantizar que quienes ejercen el poder y el presupuesto estén obligados no sólo a rendir cuentas de lo que ellos consideren, sino a informar lo que nosotros queramos saber.
Al presidente le puede parecer muy caro lo que cuesta el INAI, y a lo mejor es cierto, siempre hay que revisar el costo de las estructuras burocráticas
El argumento del presidente, al igual que con el INE, es que resulta muy caro tener un instituto cuando hay instituciones gubernamentales que podrían encargarse de la transparencia. por ejemplo, dijo, la Cámara de Diputados (un kínder en manos de Marcial Maciel es una mala broma comparado con esta propuesta). Lo que el presidente no entiende, o más bien no quiere entender, es que esas instituciones están ahí justamente como contrapeso al poder, para ejercer un derecho, en este caso a la información, sin tener que depender de la voluntad magnánima de un presidente o un diputado para acceder a lo que nos pertenece. Eso es quizá lo que realmente le molesta.
Al presidente López Obrador le puede parecer muy caro lo que cuesta el INAI, y a lo mejor es cierto, siempre hay que revisar el costo de las estructuras burocráticas, desde las dedicadas a cosas trascendentales como la información pública y protección de datos personales, a la que se destinaron 980 millones de pesos, hasta las absolutamente intrascendentes como el Instituto del Beisbol, al que se asignaron 2 mil cien millones de pesos.
Discutamos todo lo necesario, pero no perdamos de vista que lo más caro es regresar al poder sin contrapesos.
diego.petersen@informador.com.mx