Presupuesto en la 4T: ¿ganamos o perdemos?
En los últimos días se ha generado una discusión (una más) a causa del Presupuesto de Egresos de la Federación, que fue aprobado por la mayoría de diputados que están a favor, casi sin cuestionamientos ni argumentación, de lo que dispone la Presidencia de la República. Es evidente que la mayoría de las autoridades locales (gobiernos estatales y municipales) sólo levantan la voz para reclamar la disminución de sus recursos, pero no explican ni transmiten explicaciones claras y comprensibles para sus gobernados y la ciudadanía en general.
Una lamentable combinación de ignorancia y temor de enfrentar al creciente poder central, provoca que las autoridades locales no adviertan del debilitamiento crónico del federalismo en nuestro país, cuando se habían concretado avances reales en los dos sexenios anteriores a la administración de Enrique Peña Nieto.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador, secretarios en el gabinete y aliados políticos en la Cámara de Diputados, particularmente el coordinador Mario Delgado, han argumentado que la centralización del Presupuesto federal (6.1 billones de pesos para el año 2020), dejará beneficios históricos en México, como la aplicación de una auténtica austeridad en el gasto público; el combate y la eliminación de la corrupción; el rescate de Petróleos Mexicanos; la disminución de la deuda pública y la construcción de una nueva “economía moral”, nada menos.
Por si fuera poco, aunque eso no figura en los discursos oficiales porque es políticamente incorrecto, ese empoderamiento del Poder Ejecutivo federal permite también aplicar una evidente revancha contra los adversarios que bien podrían considerarse “la mafia del poder”.
Entre otros resultados obvios del nuevo ejercicio presupuestal, también está el recorte a los recursos de los denominados organismos autónomos, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional Electoral (INE) o el Instituto de Transparencia (INAI).
En el nuevo escenario político y administrativo, hay que preguntar: ¿Este esquema proporcionará la justicia social que hace falta en México? Y aún más: ¿Qué mecanismos legales han generado los diputados federales que aprobaron el presupuesto para contener y delimitar el creciente poder presidencial?
Cuando Enrique Peña Nieto accedió a la presidencia, parte de su paquete de reformas recortó la autonomía creciente que habían obtenido estados y municipios. Con la llegada de la 4T y el ejercicio del Presidente Andrés Manuel López Obrador, esta tendencia es avasalladora y tiende a crecer de modo imparable.
¿Cuáles son las consecuencias inmediatas? Eso no se ha abordado en ninguna conferencia “mañanera”. Se aprobó un listado de obras y proyectos de desarrollo e infraestructura en diferentes puntos de la república, pero no tienen un monto presupuestal asignado, aunque sí dependen de la presidencia. Eso es discrecionalidad, y en los hechos, significa que gobernadores y alcaldes deben retomar la práctica de acudir a Palacio Nacional para conseguir los recursos y la bendición presidencial. Naturalmente, jamás podrán cuestionar ni inconformarse sin sufrir las consecuencias.
México es una república federal. Incluso tiene una Cámara de Senadores que es garante de ese pacto entre los estados autónomos. El espíritu de la república, al menos en nuestro modelo, es frenar la concentración del poder en beneficio de los derechos de cada ciudadano.
Vamos en sentido contrario, y a toda velocidad.
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