¿Por qué está cayendo el peso?
La victoria aplastante del partido en el poder y del presidente López Obrador, en los hechos significa para México el fin de un régimen político y el nacimiento de otro. El fin del régimen en el que la sociedad buscaba construir instituciones que permitieran que el país se convirtiera en una nación moderna.
Ese esfuerzo que arrancó en 1997 y que tuvo su momento estelar con la derrota del PRI en el año 2000, tenía como base la premisa de la división de poderes, la búsqueda de la transparencia y el cambio pacífico a través del voto popular. Votos, por cierto, contados por un instituto ciudadano y no por el gobierno.
Ese periodo nos permitió como mexicanos vivir varios cambios de gobierno y de partido sin crisis económicas de fin de sexenio. La última gran crisis económica de fin de sexenio fue la de finales de 1994. Justo en el cambio de sexenio entre Carlos Salinas y Ernesto Zedillo.
Los gobiernos de la transición habían tenido desde 1997 el enorme incentivo de diluir el poder y aumentarle los controles políticos. Meterle contrapesos al poder ejecutivo garantizaba que el juego democrático continuaría al mismo tiempo que en la siguiente elección, cualquier partido pudiera ganar.
Si cualquiera puede ganar, entonces se volvía importante que el país contara con instituciones que le dieran certidumbre a la vida económica y jurídica de México. Contar con una Suprema Corte y un Poder Judicial funcional, independientes del presidente se volvió importante.
Lo mismo en el caso del INE o de los organismos autónomos que se centraban en garantizar que muchas decisiones se hicieran con criterios técnicos o jurídicos y no dependieran del político en el poder.
De ahí que se crearon organizamos tan valiosos como el INAI que no solo garantiza que toda la información del gobierno fuera pública, sino que se encarga de proteger la información de los ciudadanos.
Otro ejemplo, la confianza de saber que la COFECE se encarga de vigilar y sancionar que las empresas no abusen de su poder en perjuicio del consumidor, se volvieron garantes del buen funcionamiento del mercado en México.
Lo mismo para mercados tan complejos como el de las telecomunicaciones en donde tenemos actores tan relevantes como Telcel. Imagine si no tuviéramos al IFETEL, difícilmente tendríamos la competencia en las tarifas de servicios como la telefonía celular, el internet o la televisión por cable.
Contar con estas instituciones autónomas, es decir, fuera del control del presidente, le daban la certeza a los inversionistas nacionales y extranjeros, que los temas técnicos y jurídicos se podrían llevar en términos técnicos y que nunca más, dependerían de si le caemos bien o mal al presidente.
Esa es la importantísima misión que tienen los organizamos autónomos que el presidente ha propuesto desaparecer. Las consecuencias de eliminarlos sería que el Poder Ejecutivo concentraría todavía mucho más poder. En la práctica significa para las empresas volver al México de los años 70 ́s y 80 ́s, en los que, para poder jugar el juego, había que estar bien con el presidente en turno.
Destruir los autónomos significa que las decisiones se tomarán 100% en términos políticos y de conveniencia para el partido en el poder. Las inversiones nuevas verán que México se habrá convertido de pronto, en un lugar mucho menos seguro para invertir o que han dejado de existir las garantías que se respetarán los criterios técnicos. Ahora todo dependerá de los humores del
presidente o de la presidenta.
Por eso el peso mexicano ha estado cayendo frente al dólar. Las inversiones se van de México porque simplemente el país se ha vuelto un lugar mucho más riesgoso que antes.