Politiquería en tres actos
Uno. Tras el decreto de protección de El Bajío, Salvador Cosío, Alejandro Cárdenas y Jorge Fernández, del Colegio de Arquitectos y Urbanistas de Jalisco, lo calificaron como “decreto de impunidad”. Más aún, el último llamó mentiroso al gobernador.
Llegados a este punto, uno de los inversores de la Villa Panamericana acusó que ha sido extorsionado por Cosío al pedirle dinero para retirar los juicios que impiden comercializar el complejo. Éste último lo negó.
Dos. El fiscal estatal, Gerardo Octavio Solís, abandonó su ostracismo y salió a medios para hablar de un anodino evento de procuración de justicia en Puerto Vallarta. Pero además, muy oportunamente, informó que hay 17 denuncias contra Cosío y Cárdenas.
A continuación, el ex juglar de la inseguridad estatal -no da la cara para hablar de incidencia delictiva pero sí de asuntos politizados- explicó el supuesto modus operandi de Cosío & Compañía: frenar obras en tribunales y destrabarlas a cambio de dinero.
Tres. El Colegio de Arquitectos y Urbanistas de Jalisco, de manera espontánea, emitió un firme comunicado para reprobar los dichos de su agremiado en contra de la figura del gobernador.
¿Cómo se llamó el teatrito?
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Entre los jaloneos por la aprobación del Congreso Constituyente soplan vientos de división en la bancada panista del Congreso estatal.
Trascendió en los pasillos que Gustavo Macías presentó su renuncia a la coordinación del grupo parlamentario por estar en desacuerdo con la postura de la dirigencia estatal.
En donde también se caldearon los ánimos fue en la Comisión de Participación; ahí legisladores emecistas montonearon a la priista Mariana Fernández, que preside la comisión, para orillarla a declarar desierta la convocatoria del nuevo Consejo de Participación.
A la priista no le sentó bien que la acusaran de no haber promocionado la convocatoria.