Pensándolo bien
Está por concluir un sexenio más en la historia de Jalisco ¿estamos mejor que hace seis años? ¿En qué sí y en qué no? Por lo menos cuantos emitieron su voto sea en favor o en contra del candidato ganador, deberían tener una clara conciencia de la realidad del Estado hoy, confrontada con la que teníamos en 2018. Este análisis puede desarrollarse a tenor de las distintas dependencias, secretarías, comisiones, y cuanta estructura oficial existe y cuya responsabilidad consistía en mejorar al estado en el área de su pertinencia. Por descontado que no podemos atenernos a los informes oficiales, pues, aunque pueden ser un referente, sabemos que con demasiada frecuencia dichos informes tienden a ocultar las fallas y a exaltar los buenos resultados.
El Gobierno saliente se apoyó en veinte secretarías, cuatro dependencias y cuatro coordinaciones, lo que nos da veintiocho funcionarios de primer nivel, más un enorme número de colaboradores pagados por la ciudadanía con la expectativa de que dieran buenos resultados. Todo este conjunto de funcionarios percibió su salario, muchas veces, dieran o no dieran fruto, pero para la ciudadanía no es fácil evaluar su gestión, pues carece de información suficiente y objetiva, también de interés para hacerlo, situación que favorece el que la administración pública permanezca habitualmente impune cualquiera sea el color de partido en el Gobierno.
No podemos ya seguir inercias, hemos llegado a tal punto de malestar social que continuar fingiendo que todo está bien o pensando que todo está mal, sin que nos conste, no es el camino correcto para crecer como ciudadanía. Se hace necesaria una profunda y amplia evaluación de la gestión del Gobierno que sale, como previsión y apoyo al que entra, pero, sobre todo, para dejar de transitar por la vida del estado con bandera de tontos, sea porque ignoramos lo que realmente sucede, o porque no nos importa, o porque se nos sigue interés para simular que no nos damos cuenta.
En este proceso de evaluación un asunto de la mayor importancia sería advertir si en este 2024, somos mejores como ciudadanos que hace seis años. ¿Cómo averiguarlo? Hay muchas maneras, por ejemplo, observar nuestra manera de conducirnos en la vía pública, la forma en que se comportan los motociclistas y los ciclistas, la conducta de los peatones, el porcentaje del padrón electoral que emitió su voto, el tipo de relaciones que se establecen entre los vecinos, el grado de violencia o de anarquía que priva en la comunidad, la honestidad y acierto con que cada persona que trabaja realiza su tarea. Nos consta que hace cincuenta años el civismo de la comunidad era mucho más elevado que ahora, por más que votara menos, que el régimen de confianza social era muy alto porque era muy bajo el de la delincuencia común, que el trato entre las personas era más amable y existía de manera muy notable algo que se llama “tener educación”, aunque no se tuvieran tantos títulos. Todo cuanto se relaciona con la conciencia cívica es asunto de diversos actores, pero el Gobierno no puede, como lo ha hecho, renunciar a este urgente compromiso, con los resultados que vemos, un rápido deterioro de la calidad de vida en una sociedad que en los últimos años ha insistido tanto en los derechos, hasta de los animales, que ya nadie cree tener obligaciones, sólo derechos. Desde luego que en estos seis años hemos empeorado, y este no es un buen resultado para la administración saliente.