Parálisis gubernamental ante reclamos vs feminicidios
En la escalada de violencia e inseguridad que padecemos en México desde hace más de una década, sin duda las mujeres han sufrido la peor parte, y en esa debacle entre las víctimas han aparecido también niñas, como pasó ayer con al aterrador caso de Fátima, de apenas siete años, en la Ciudad de México.
El brutal asesinato de esta menor agudizó la crisis de la violencia contra las mujeres que se ha visibilizado como nunca en lo que va del año por la movilización de mujeres estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y otros casos extremos como el de Ingrid Escamilla, apuñalada y mutilada por su pareja, y que provocó también protestas que literalmente incendiaron las puertas de Palacio Nacional la semana pasada.
Ante esta ola de agresiones a mujeres de muy poco han servido las políticas públicas emanadas del gobierno federal, de los gobiernos estatales y de los municipios, y cuyas herramientas principales han sido las alertas de género y las órdenes de protección, que no han pasado de ser letra muerta por las fallas institucionales para cumplir las acciones de gobierno que las hagan realmente una garantía de blindaje a las mujeres amenazadas.
La parálisis gubernamental ante este lastre ha quedado en evidencia como nunca en las extraviadas y más que desafortunadas posturas y respuestas que ha dado desde la semana pasada el Presidente Andrés Manuel López Obrador cuando ha sido cuestionado sobre este problema en sus ruedas de prensa mañaneras.
El tema de la igualdad y de la equidad de género es claro que no es su prioridad, como otras agendas de ampliación de libertades que debería atender por considerarse un político no neoliberal y de izquierda, que en la práctica no cumple. El decálogo contra los feminicidios, que enlista sólo una serie de buenas intenciones, es una clara muestra del poco entendimiento que tiene del tema. Pareció más bien una salida a los contundentes cuestionamientos y peticiones que le hizo en la mañanera del viernes la activista Verónica Villalvazo, mejor conocida como Frida Guerrera, que le planteaba la necesidad de una Fiscalía especializada en feminicidios. El colmo del extravío vino ayer, que al ser cuestionado por el asesinato de la ñiña Fátima, AMLO lo atribuyó a la degradación social causada por los “gobiernos neoliberales”.
En Jalisco el gobierno alfarista no ha estado libre de sobresaltos por este asunto. Hace un año, al principio de su administración tuvo fuertes choques con organizaciones feministas por la desaparición del Instituto Jalisciense de las Mujeres y el crecimiento en el número de feminicidios, uno de los cuales ocurrió en la esquina de Casa Jalisco, la residencia que le pagamos los jaliscienses al gobernador, frente a los guardias que custodian esa finca.
Para agravar esta situación, a fines del año pasado vino la liberación de dos feminicidas confesos ya sentenciados, los de Heidi Jurado y Yolanda Palomar, que advierten de una riesgosa tendencia de casos de juzgadores que, por decir lo menos, imparten justicia sin perspectiva de género. Por eso es más que bienvenida la iniciativa de Ley, presentada ayer por el gobierno estatal, llamada “Feminicidas tras las rejas” para evitar que quien cometa el delito de feminicidio no goce de libertad anticipada o condicional. Ojalá sea el detonante de acciones gubernamentales más acertadas para combatir este flagelo fuera de control.
jbarrera4r@gmail.com