Para qué diablos sirve la transparencia
Les contaré una breve historia que seguro reconocerá más de algún lector con suficiente kilometraje.
En el lejano reino de Jalisco, allá por 2005, un gobernador se negó a entregar a un ciudadano copia de su nómina de la primera quincena de septiembre.
Escándalo. ¿Cómo era posible? El gobernador, empoderado ante el liliputiense de su reino que solicitaba saber su salario, se negó a entregar ese documento.
La reacción lucía como un capricho del poderoso. Esa información iba a ser obligatoria a partir del 23 de septiembre de ese mismo año, fecha en que entró en vigor la primera Ley de Transparencia de Jalisco (¡y en el país!).
El fútil acto de resistencia de Don Yo Mando parecía un desplante, un botón de soberbia que traducido en palabras (licencia poética) diría algo como: “Entrego lo que quieran, pero hasta que entre en vigor su pinche ley”.
Entonces Augusto Valencia, titular del naciente Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (Itei), se puso bravo. Exigió al mandatario entregar su nómina, apegado a la Carta Magna federal y local que garantizaban el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a la información pública.
Nuestro poderoso se negó nuevamente. Pero no se quedó de brazos cruzados. Interpuso un juicio de nulidad ante el entonces Tribunal de lo Administrativo del Estado, esa pieza local de exportación de la justicia torcida. Para sorpresa (y no) de todos, el Tribunal dio entrada al recurso del gobernador para negarse a entregar el documento con su salario.
El ciudadano de nuestra historia había pedido la misma información a los titulares del Poder Legislativo y Judicial, así como a los alcaldes de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Todos cumplieron, menos uno, el gobernador.
El tema llegó hasta el pleno del recién estrenado Itei, que el 30 de noviembre de 2005, ante la omisión del mandatario estatal, determinó imponerle una amonestación pública, multa por 50 días de salario mínimo (dos mil 167 pesos), y presentar una denuncia penal por abuso de autoridad.
Fue el primer caso a nivel nacional en que se procedía contra un gobernador por violar el derecho a la información.
¿En qué terminó la historia? Presionado por todos lados, Francisco Ramírez Acuña, a través de su secretario General de Gobierno, Gerardo Octavio Solís Gómez, entregó al ciudadano copia de su nómina: 111 mil 841 pesos mensuales (hoy Enrique Alfaro gana 156 mil pesos al mes).
La denuncia penal, presentada ante la entonces Procuraduría de Justicia del Estado de Jalisco -que dependía del Ejecutivo-, naturalmente fue archivada. No así el derecho a la información pública.
***
Recordé esta historia ahora que Andrés Manuel López Obrador ha criticado que no sirve para nada el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
Claramente no sirve para nada a los poderosos, pero sí a los ciudadanos. Otro tema aparte, tampoco seamos ingenuos, son los altos sueldos, la burocracia dorada y los cotos de poder que se han generado en esos organismos autónomos a nivel federal y estatal. Pero hay que saber distinguir el grano de la paja.
jonathan.lomelí@informador.com.mx