Para cada mal, un rival
A poco menos de un año de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sancionara en dos ocasiones al Estado mexicano y le ordenara remover la prisión preventiva oficiosa de nuestra Constitución por ser contraria a la legislación internacional, el Presidente López Obrador consideró prudente presentar una iniciativa de reforma de ley al artículo 19 de la Constitución mediante la cual pretende ampliar el catálogo de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, lo anterior con pleno conocimiento de que la Corte Interamericana otorgó al Estado mexicano un periodo de un año para que le notificara las acciones que había tomado para cumplir con las citadas determinaciones; con lo que muestra el interés y la seriedad con la que el titular del Poder Ejecutivo toma a las instituciones internacionales, más aún aquellas encargadas de proteger los derechos humanos.
En un debate que debería de resultar meramente jurídico, el ministro Pardo Rebolledo presentó un proyecto de resolución en el que cumple con las sentencias de la Corte Interamericana y determina que la prisión preventiva de oficio resulta violatoria a los derechos humanos, cuestión que el Presidente de la República no podía desaprovechar para llevarlo al campo de la política.
Para nadie es un secreto que una parte indispensable del discurso del Presidente López Obrador es ser la víctima de sus adversarios, quienes siempre son los culpables de todos los males, ya sea el PRIAN, “la mafia del poder”, el ex presidente Felipe Calderón, los conservadores, etc., siempre necesita contar con un rival que sea el culpable de cualquier mal, y la discusión sobre la prisión preventiva oficiosa no solamente no es la excepción, sino la excusa perfecta para atacar a su enemigo en turno: la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en concreto su presidenta la ministra Norma Lucía Piña Hernández.
La prisión preventiva oficiosa es un tema que si bien resulta polémico, su contravención a los derechos humanos no es una cuestión novedosa, pues mucho antes de que la Corte Interamericana dictara tales sentencias, múltiples organismos internacionales habían advertido que contar con un listado de delitos que ameritan prisión preventiva de manera oficiosa constituye una violación a los derechos humanos, tema que incluso ha sido materia de análisis en diversos foros jurídicos nacionales durante décadas, pues recordemos que si bien dicho catálogo es relativamente reciente, con anterioridad se les denominaba delitos graves, cuyo efecto práctico era el mismo: las personas juzgadas por tales delitos tenían que enfrentar su proceso en prisión.
El Presidente es consiente de que la Suprema Corte tiene que cumplir con la determinación adoptada por la Corte Interamericana, declarando inconvencional la prisión preventiva oficiosa, cualquiera de sus asesores que haya cursado un semestre de la carrera de derecho así se lo ha hecho saber, incluso su porrista de moda, el ex ministro Zaldívar así lo manifestó siendo presidente de la Suprema Corte; sin embargo, es una excelente oportunidad que no va a dejar pasar para continuar denostando a quienes considera sus enemigos para culparlos de la inseguridad y falta de Estado de derecho que atraviesa el país.