Otros riesgos de la ley de la selva en CDMX
La decisión de Claudia Sheinbaum de suspender las supervisiones a los restauranteros podría abrir la puerta a abusos de esos empresarios, pero también al crimen organizado. Podría formar parte de un acuerdo de la CANIRAC y el Gobierno capitalino para legalizar el comercio en la vía pública.
Como reseñé este martes, la ciudad de México tomó la decisión de dar al sector inmobiliario y restaurantero facilidades para reactivar la economía. En el primer caso no se clausurarán obras, y en el segundo se cancelan prácticamente todas las verificaciones de aquí a agosto del año entrante.
La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) anunció a sus agremiados vía Whatsapp desde el viernes la publicación en la Gaceta Oficial de la cancelación de supervisiones, y al día siguiente emitió un comunicado en el que “reconoce a la Jefa de Gobierno de la CDMX su compromiso con la reactivación económica”.
Conocedores del sector restaurantero tienen otras preocupaciones con respecto a esta la decisión gubernamental de dar tregua de verificaciones. Además de las que ya se ventilaron ayer aquí, cuando hablé de lo que padecerán los vecinos al dejar a los restauranteros operar sin freno: sin verificar horarios, ruido o espacios.
La decisión de Sheinbaum favorecería incluso la competencia desleal: saldrán perdiendo los establecimientos más chicos, aquellos con los dueños menos informados o menos “conectados” (sin capacidad de contratar a abogados o gestores, o de dialogar con funcionarios).
El empresario más poderoso podrá ocupar más espacios en la vía pública; incluso, dado que por esta decisión del Gobierno no se revisará el tema de uso de suelo, podría ampliar sus locales a pisos o inmuebles aledaños que no están autorizados para tal efecto. ¿Quién lo va a supervisar? En un año, nadie.
“Este tema es de cómo sobrevivimos la mayoría”, me dijo una fuente, “pero una secta de empresarios voraces anda con la agenda de apropiarse de espacios de aquellos que no van a sobrevivir”.
“Quién pide eso, que no lo verifiquen, pues un empresario con prácticas corruptas. Y sobre lo que dicen, que era para que las alcaldías no acosen a los restaurantes. Es cierto que las alcaldías no están atendiendo los trámites en tiempo y forma, así que si llegan a inspeccionar, pues el local estará en falta. Pero bastaba con que hubieran dicho que el restaurante no podría ser clausurado si demostraba que ya había tramitado lo que se le estaba requiriendo, y si no le han resuelto, pues no deberían de clausurarte”.
La otra cuestión es si un acuerdo de este tipo, como ocurre con algunas enfermedades, no traerá al sector a actores oportunistas. Si no están, restauranteros y Gobierno, abriendo de par en par las puertas de esta actividad al crimen organizado, que podría terminar de apropiarse de espacios ahora que habrá menos vigilancia.
De por sí los restauranteros batallan para evitar que los criminales recluten a sus empleados y realicen para ellos actividades de halconeo, distribución de droga o hasta señalamientos de qué cliente porta un reloj caro o llegó en un auto de lujo.
Y el último elemento es las negociaciones que Germán González, presidente de CANIRAC y codueño de Maison Kayser, ha llevado a cabo con Fadlala Akabani, secretario de Desarrollo Económico de la CDMX, para que el líder de los restauranteros dé su visto bueno a un proyecto de ley que quiere regularizar al comercio ambulante.
González niega que tal información sea cierta, pero aquí la pregunta es si sus agremiados están al tanto de esas pláticas.
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