Otros dos años sin cumplir a desaparecidos
En espera de que se les localice lo más pronto posible, el lastre de las desapariciones, el más grave problema de inseguridad en Jalisco, sigue imparable.
Tan sólo el martes pasado, por ejemplo, la Comisión de Búsqueda del Estado de Jalisco emitió fichas de búsqueda de seis jóvenes que desaparecieron en Zapopan, y por lo que sus familias y otras organizaciones que las respaldan volvieron a salir a la calle el fin de semana a exigir justicia y más acompañamiento de las autoridades en sus búsquedas, pero sobre todo que sean los agentes de las corporaciones policiales quienes asuman las investigaciones y den resultados.
Ante este panorama, y mientras el Gobierno estatal y el federal se ponen de acuerdo en si son 14 mil o 15 mil las personas desaparecidas en Jalisco, es altamente preocupante el emplazamiento hecho en días pasados por el Congreso del Estado a la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo estatal, para que apure la publicación del reglamento de la Ley de Personas Desparecidas, que de acuerdo a un artículo transitorio de esa propia norma, debió haberse hecho a más tardar 90 días después del 25 de febrero del 2021 cuando fue aprobada la Ley en el Congreso.
La prioridad que, el discurso oficial asegura, tiene en la agenda gubernamental el más cruel delito como son las desapariciones, y que en incidencia Jalisco está en el deshonroso primer lugar en el país, queda en entredicho con este retraso de dos años que a decir de la presidenta de la Comisión de Gobernación del Poder Legislativo, Ángela Gómez Ponce, ha traído consecuencias negativas para los colectivos de familiares de personas desaparecidas que advierten que por la falta de ese reglamento no hay una aplicación plena de la Ley y las búsquedas siguen sin avanzar ni mejorar.
Este incumplimiento del Gobierno estatal ha desinflado también el optimismo que surgió entre las organizaciones de familiares de desparecidos, madres buscadoras y especialistas cuando en febrero de 2021 se puso fin al rezago, también de más de dos años que tenía la Ley de Personas Desaparecidas para su aprobación, y más aún porque las y los diputados, por fin respetaron los términos en que quedó luego de más de un año de trabajo con organizaciones y colectivos de víctimas de desaparición, expertos nacionales e internacionales en un proceso de parlamento abierto con las y los legisladores.
Por la gravedad del problema y por las miles de familias que padecen el infierno en vida que es no saber del paradero de alguno de sus seres queridos, el Gobierno estatal debe atender cuanto antes el llamado del Congreso y explicar los motivos de tanta tardanza pese a tan delicado problema.
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Jaime Barrera