Otro sablazo
La guerra entre el Gobierno del Estado y la Universidad de Guadalajara sigue subiendo de tono y diversificando batallas.
Además de quitarle presupuesto para el Museo de Ciencias Ambientales, desalojar a estudiantes y cambiar jueces de adscripción, este viernes van por otra más jugosa.
Resulta que el Congreso, brincándose el procedimiento legal, va a analizar la ratificación de dos magistrados del Tribunal Administrativo de Jalisco, Juan Luis González Montiel y Adrián Joaquín Miranda Camarena, este último del grupo UdeG.
¿A quién creen que van a ratificar y a quién van a quitarle el “hueso”?
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Las cosas no pintan bien para Jalisco en el proyecto de gasto de la Cuarta Transformación. A pesar de que hay un acercamiento evidente entre el gobernador y el Presidente Andrés Manuel López Obrador, las obras prioritarias fueron cepilladas del Proyecto de Presupuesto 2022.
La presa El Zapotillo no tiene un sólo peso presupuestado. Entendible si consideramos que la obra está en suspenso. Lo que no se entiende es que la Línea 4 del Tren Ligero quede fuera y también el dinero para mitigar las inundaciones en la Zona Metropolitana de Guadalajara.
En este último rubro se debieron proyectar 805 millones 767 mil pesos que no están asignados en la propuesta que analizarán los legisladores federales.
¿Será que tendremos que depender de las gestiones y ruegos en Palacio Nacional para recibir fondos extraordinarios?
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Finalmente el gobernador metió freno de mano y vetó la reforma que eliminaba los sueldos de los cinco consejeros del Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco (SEAJAL).
Luego de reunirse con el Comité de Selección del SEAJAL y el panista Jesús Hurtado, impulsor de la reforma, señaló que su intención es evitar que la medida se interprete como una regresión o debilitamiento del sistema.
La propuesta es que se asigne un salario a los integrantes del CPS, pero bajo principios de austeridad, que rindan cuentas y se evalúe su trabajo, y que existan mecanismos para remover sus integrantes.
También acota que los integrantes puedan tener ingresos adicionales a los que les fijará el Estado. Con ese candado, ¿habrá quién se anime a formar parte del Comité?