Otra de magistrados dorados
¿Por qué, pese a toda evidencia de machismo, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco no quiere renunciar al cargo? Muy sencillo: su remuneración. Ingresos que, por cierto, están sólo a 12 mil pesos de los del Presidente de México.
Tomás Vargas Suárez, defenestrado porque no sólo insultó, sino que después se atrevió a grabar y transmitir un video oficial en donde la relatora a la que se refirió de manera sexista es quien se disculpa con él en repetidas ocasiones, percibe ingresos brutos por 173 mil 743 pesos al mes.
Él y los otros magistrados que integran a ese organismo público autónomo cuya razón de ser es “la impartición de justicia en el ámbito electoral, de participación social, la protección de los derechos político-electorales de las y los ciudadanos… y aquellos otros que por razón de su dinamismo son de su competencia”.
Para comparar, el Presidente Andrés Manuel López Obrador tiene una percepción bruta de 186 mil 093 pesos, según el Presupuesto de Egresos de la Federación. Esa es LA razón por la que, sin importar que haya cámaras frente a él, Tomás Vargas afirma que “no va a renunciar”. No cuando su puesto como magistrado dorado le cuesta al erario cinco mil 791 pesos DIARIOS.
Dada la naturaleza del cargo, su postura no es sólo profundamente decepcionante y revela una falta de responsabilidad y sensibilidad hacia los temas de género en el ámbito laboral. La evidencia de sus comentarios es alarmante y demuestra una actitud inaceptable tanto hacia sus colegas como a sus subordinados.
“¿Ya las dio?”, preguntó con malicia y doble sentido. En lugar de asumir la responsabilidad por esto y mostrar un verdadero arrepentimiento, el magistrado optó por minimizar la gravedad de sus palabras y buscar excusas, incluida la sugerencia de que sus comentarios se malinterpretaron o se sacaron de contexto.
Por supuesto, todos estamos en un proceso de deconstrucción permanente, pero no todos somos magistrados electorales y él, desde esa tarima, hizo alusiones sexuales hacia una trabajadora (porque, sin eufemismos, eso ocurrió) en una sesión que nunca pensó que se estaba transmitiendo en vivo. En la hipérbole del cinismo, decidió no reconocerlo y, con ello, ignorar su posición y la gran responsabilidad que recae en él.
Peor aún: el que permitiera (u ordenara, pero eso sólo él lo sabe) que la trabajadora afectada grabara un video de disculpa más bien parece una táctica para desviar la atención de sus propias acciones y transferirle la responsabilidad a la aludida. Increíble y falto de tacto por donde se le analice.
Sí: preocupa, y mucho, que a pesar de la evidencia clara de comportamiento inapropiado, el magistrado se niegue a renunciar y crea que tomar un curso de género es suficiente para remediar la situación. Esto no sólo lo reduce en su cargo, sino que demuestra que un personaje con altísima jerarquía y responsabilidad social es incapaz de comprender la gravedad del problema y su falta de compromiso real con el cambio y responsabilidad personal.
La intervención de la candidata al Senado (y también presidenta del PRD en Jalisco), Natalia Juárez, al encarar al magistrado y pedirle directamente que renuncie es una posición legítima y obvia, tanto como mujer como política, pues le recordó al magistrado que, dado el cargo por el cual rindió protesta, debe defender los principios de igualdad y respeto en todos los ámbitos de la sociedad.
Y decir que la relatora “ya las dio” en una clara referencia sexual que tiene complicidad en las risas maliciosas de los otros magistrados podrá ser todo, excepto respetar a la sociedad.
En última instancia, la negativa de Tomás Vargas para asumir las consecuencias de sus acciones plantea serias preguntas sobre su idoneidad para ocupar un cargo que no sólo demanda responsabilidad y autoridad, sino que, como está escrito desde el principio, es muy bien remunerado.
Por eso no sólo los medios, sino las instituciones, en bloque y sin filias partidistas, deben tomar acciones para que este asunto no quede como una anécdota, que estas graves ofensas no tengan cabida en la función pública y, sobre todo, se garantice un entorno laboral seguro y respetuoso para todas las mujeres que trabajan en cualquier instancia. Pública y privada.
Porque, sí: el Tribunal Electoral demostró ser un espacio machista, pero la cosificación es una práctica más que habitual en instituciones de alta importancia social. Muchas trabajadoras del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, y por supuesto los magistrados, saben perfectamente de qué hablo.
isaac.deloza@informador.com.mx