Operación naranja
En el Congreso estatal siguen los escarceos entre emecistas y udegeístas. Ahora, en el nuevo episodio, el diputado Enrique Velázquez será expulsado de la Comisión de Seguridad y Justicia. Así sus exaliados naranjas le cobran la factura por los dolores de cabeza generados desde el polémico proceso de nombramiento de consejeros de la Judicatura.
Al menos durante el mes y días que le quedan a la actual Legislatura, los dos diputados udegeístas, ahora de Hagamos, tendrán que apechugar el bullying legislativo y aguantarse las ganas de formar parte de la Junta de Coordinación Política o presidir comisiones.
Donde seguramente continuarán dando la batalla es en las sesiones de pleno. En las últimas, Velázquez y Mara Robles han protagonizado acalorados monólogos y críticas a sus exaliados naranjas gracias a los que pudieron ocupar su actual curul.
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Y para los que creen que sólo el gobernador de Jalisco tiene tiempo de sobra para andar de buscapleitos con la Universidad de Guadalajara, sepan que la Máxima Casa de Estudios también se subió al ring.
Ahora acusó que desde agosto comenzaron a identificar granjas de “bots” y páginas en redes sociales que desacreditan las publicaciones del rector Ricardo Villanueva y de la Universidad. Lo que señalaron Armando Zacarías Castillo, jefe del Departamento de Estudios Políticos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), y la titular de la Coordinación General de Comunicación Social, Laura Ruth Morales Estrada, es que existen patrones extraños.
Por ejemplo, algunos de los administradores que se encargan de pautar en redes sociales contra el rector y la UdeG, también lo hacen contra Morena, pero en cambio favorecen las posturas de Movimiento Ciudadano.
Los que saben aseguran que esa es una de las estrategias no oficiales de las empresas favoritas del gobernador, La Covacha e Indatcom: la realización de campañas negras desde el anonimato en Internet.
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Tal y como se veía venir: el exgobernador Francisco Ramírez Acuña obtuvo una suspensión para evitar que le reduzcan su pensión de 178 mil al mes a 104 mil pesos tras la reforma aprobada por el Congreso local y enviada por el Ejecutivo estatal.
A partir de ahora, comienza la “lluvia” de amparos.