Operación avestruz
Eso aplicaron el sheriff legislativo Salvador Caro, la morenista Érika Pérez y el panista Gustavo Macías porque evadieron dar la cara para explicar por qué engordarán la nómina del Congreso local.
La que de plano salió corriendo fue la priista Mariana Fernández que se negó a dar entrevista sobre “temas administrativos”.
Los legisladores ofenden la inteligencia de los parroquianos de esta H. Cantina con su versión de que es un asunto puramente administrativo y al no admitir que fue un acuerdo de la Junta de Coordinación Política.
Si las contrataciones están justificadas, llama la atención el secretismo y opacidad con la que se manejó el asunto. Así sólo hacen que se eche a volar la imaginación y pensar que las plazas son para armar equipos de precampaña o para disfrazar un aumento de sueldo de los legisladores.
Quienes sí dieron la cara para justificar la ampliación de personal fueron el perredista Quirino Velázquez, quien dijo que es para hacer trabajo en calle en sus distritos. Mientras que la diputada del Partido Verde, Rosa Angélica Fregoso, argumentó que requiere las plazas pues hace trabajo en pro del ambiente en todo el Estado.
Según versiones de radio pasillo, en las negociaciones hubo legisladores que directamente pidieron aumento de sueldo, lo que se transformó en más plazas. Suponemos que los diputados no llevarán mochada de las quincenas de su personal.
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Aunque hubo “macroexcursión” por el Río Santiago —sin visitar el río—, al gobernador se le olvidó ir a donde no han metido plantas de tratamiento y ni siquiera hay buenas condiciones de vida y salud.
Un ejemplo es La Azucena, en El Salto. Allí hace 12 años vivía Miguel Ángel López Rocha hasta que cayó al río, que está a dos cuadras de su casa, y murió por el arsénico que tragó.
Ahí la salud está como las calles: cada vez más abandonada por las autoridades. Pues además de calles sin arreglar y casas sin habitar, la salud de quienes viven ahí es cada vez peor entre enfermedades respiratorias, dermatológicas, cáncer e insuficiencia renal. Un tema que sí le compete al Estado.