Nuevo León pone ejemplo a Jalisco con verificación gratis
Si la verificación vehicular fuera voluntaria y gratis, ¿la apoyarías? Suena inédito, pero sí, Nuevo León impulsa para este año su programa de verificación vehicular sin costo.
La promesa del emecista Samuel García, a diferencia de Enrique Alfaro en Jalisco, consiste en que el estado absorba la operación de este servicio como un derecho de los ciudadanos y no como un impuesto.
El modelo neoleonés, financiado con los impuestos verdes que el gobierno cobra a empresas e industrias, representará un gasto inicial de 30 millones de pesos -la mitad del presupuesto destinado este año a nuestra fantasmagórica Agencia Integral de Regulación de Emisiones de Jalisco.
Aunque no ha dado más detalles, Samuel García ha señalado que comenzarán el programa con tres túneles verificadores adquiridos en Estados Unidos.
Nuevo León rompe así con un mito en donde la verificación vehicular históricamente ha sido un negocio corrupto y una estrategia recaudatoria de la autoridad.
Aquí cabe preguntarse, ¿por qué cualquier servicio, obra o proyecto de impacto social debe incluir el negocio privado? Ese “círculo virtuoso” nos ha demostrado, una y otra vez, que sabe fallar. A veces, creo, el estado debe asumir su rol simple y llanamente.
Esta visión en donde el gobierno traslada a privados parte de sus responsabilidades se replica con los proyectos de coinversión como la Línea 4 y la ampliación de la planta de El Ahogado.
La verificación vehicular es otro ejemplo de cómo se usan criterios arbitrarios para fijar estos contratos. De cada 500 pesos por verificación en Jalisco, el concesionario del verificentro se queda el 40%; el Fondo Ambiental recibe el 32% y la empresa norteamericana proveedora del software, Worldwide Environmental Products, se queda con el 28%.
¿Quién y bajo qué criterio decidió esos montos? Por esta razón, Jalisco tiene uno de los costos de verificación más altos en el país: CDMX, $628; Jalisco, $500; Edomex, $481; Puebla, $450; Veracruz, $365; Guanajuato, $271, y Nuevo León, gratuita.
La decisión del gobernador de suspender las multas por no verificar, que iniciarían en julio, son el preámbulo de un modelo en riesgo de fracasar. No pudo Emilio González. Tampoco Aristóteles Sandoval.
Entre la población, el desprestigio recaudatorio y la percepción de que hay corrupción en los programas de verificación vehicular pesan más que la conciencia ambiental. La experiencia del pasado y las señales del presente así lo indican.
Por pérdida de confianza, un programa de este tipo en Jalisco difícilmente va a funcionar si el gobierno no cambia radicalmente el enfoque.