Nombramientos en vilo
El Congreso del Estado de mayoría emecista sumó otra jornada en la que en todo un festín de discrecionalidad se repartieron la madrugada del sábado siete magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) pese a que había al menos tres suspensiones de juzgados federales que impedían dichos nombramientos.
Para buscar dejar sin efecto estos amparos, las y los legisladores del partido Movimiento Ciudadano, PRI, Hagamos, Futuro y los morenistas Mayra Angélica Zárate Vázquez, Maher Mizraim Alonso Hernández y Tomás Vázquez Vigil declararon desiertas las convocatorias impugnadas, lanzaron una nueva que publicaron en fast-track en el Periódico Oficial del Estado y nombraron como magistradas y magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa a Rocío Calzada Cárdenas, Paloma Romana Magallanes y Abel Octavio Salgado Peña, y ratificaron a Avelino Bravo, en la sala superior. Para el Supremo Tribunal de Justicia a Damián Campos García. Como consejera de la Judicatura a Martha Gloria Gómez Hernández.
La presidenta de la Mesa Directiva del Poder Legislativo, Claudia Murguía, junto a toda la bancada panista abandonaron la sesión, junto con parte de la fracción morenista, cuyo coordinador, José María Martínez, denunció que se estaba incurriendo en un delito al no acatar la suspensión de un juez de Distrito.
La fracción mayoritaria de MC y aliados por el reparto de algunas de estas posiciones, cumplieron así la instrucción del Ejecutivo de que, a como diera lugar, esas magistraturas tenían que asignarse antes de que concluyera la actual Legislatura este mes, ya que en la próxima dejará de tener la mayoría que mantuvieron en las últimas tres, desde el 2015.
Las prisas por dejar repartidas estas asignaciones públicas pusieron evidencia la importancia que tiene para la administración saliente y entrante de tener bajo su control el Poder Judicial, y sobre todo el Tribunal de Justicia Administrativa, que nunca les representaron un contrapeso real.
Las y los aspirantes que habían presentado las impugnaciones al proceso de designación de estas magistraturas, e incluso los diputados inconformes denunciarán la violación de las suspensiones otorgadas por la justicia federal.
Lo que están definiendo es si lo hacen este mismo lunes para que el litigio federal lo enfrente la actual Legislatura que concluye el último día de octubre, o de plano esperan a que se instalen los nuevos y nuevas diputadas locales el 1 de noviembre, en donde Morena será la fracción mayoritaria.
De acuerdo a sus cálculos, de esta forma no sólo se tendría esta nueva condición política, sino que serían dos la Legislaturas implicadas en el caso, lo que daría más posibilidades de que se revise este proceso de designaciones y se determine si hubo o no irregularidades.
Son, pues, siete magistraturas en vilo por la falta de una Ley de Designaciones Públicas que ponga fin a todo este tráfico de influencias, que sigue desprestigiando al Poder Judicial en Jalisco, y desde luego también al Congreso local.