No vender lotes públicos dentro de las áreas naturales protegidas, una sabia decisión
La pérdida de la biodiversidad es, junto con el cambio climático, uno de los principales problemas reconocidos por el gobierno mexicano que afectan al mundo y al país. El proteger los bosques de perturbaciones no solamente conserva especies de flora y fauna, sino que, como ha demostrado la ciencia, también reduce la emisión de gases efecto invernadero ayudando a combatir el calentamiento global, y regula los ciclos hidrológicos en las montañas, asegurando el aprovisionamiento de agua para usos agrícolas, industriales, turísticos y urbanos.
México es el quinto país con mayor diversidad biológica en el mundo, y por esta responsabilidad y por beneficio propio, es signatario de diversos convenios internacionales y ha creado variadas instituciones, programas y mecanismos federales, para evitar la destrucción de bosques naturales, la deforestación y la extinción de especies silvestres. Uno de estos es el establecimiento de áreas naturales protegidas. En México esta estrategia inicia desde, al menos, el siglo XV antes de la llegada de los europeos, con el establecimiento de parques y jardines por Netzahualcóyotl. Continúa en el México independiente y post-revolucionario con el Desierto de los Leones que, en 1876, se protegió para generar agua para la Ciudad de México y en 1917 se decretó como el primer parque nacional del país. Esta estrategia se aceleró durante el período del presidente Lázaro Cárdenas y se ha consolidado con el establecimiento de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que lamentablemente ha estado perdiendo recursos para operar.
Al no contar el país con suficientes recursos para comprar tierras para protegerlas, diversas categorías de protección mantienen la tenencia privada o ejidal de la tierra, pero limitan el uso que los propietarios le pueden dar a los recursos naturales. Esto requiere, por principios de justicia y derechos humanos, que la sociedad beneficiaria por la protección, compense a los propietarios mediante financiamiento de proyectos productivos, de pago por servicios ambientales o de otros tipos. Pero se ha demostrado que cuando el pueblo es propietario de la tierra a través del gobierno, se logran de forma más eficiente la protección de la misma. Cualquier predio en posesión del estado, cuyo objetivo prioritario es el bien social de proteger la naturaleza debe quedar en posesión pública.
Es por esto un acierto y se debe aplaudir que, ante las observaciones del Gobernador del Estado de Jalisco y de la sociedad civil, el gobierno federal a través del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), haya retirado de la Licitación Pública LPBI 04/21 el Lote 297, de 54 hectáreas ubicado dentro de la Reserva de la Biósfera Sierra de Manantlán y el lote 284 de 5 fracciones que suman 3.3 hectáreas ubicado en la zona de recuperación ambiental Cerro El Tajo, en el Bosque de la Primavera. La experiencia sirve para que a futuro la Federación no venda terrenos públicos dentro de áreas naturales protegidas.
*Eduardo Santana Castellón es director del Museo de Ciencias Ambientales de
la Universidad de Guadalajara.
(https://www.gob.mx/indep/prensa/indep-se-pronuncia-respecto-al-lote-ubicado-en-bosque-la-primavera)
(https://www.gob.mx/indep/prensa/indep-se-pronuncia-respecto-al-lote-ubicado-en-bosque-la-primavera)