Nadie por encima de la Ley
Estados Unidos es la democracia liberal más antigua del mundo. Es decir, es el primer país que puso en práctica, de una manera efectiva, las ideas de la ilustración. La filosofía política del nuevo régimen, emanado tanto de la Declaración de Independencia de 1776 como de la Constitución de 1787, se encuentra en los llamados Federalist Papers.
La idea fundamental es que el marco político se fundaría en la igualdad jurídica ante la Ley. Un corolario de esto era que nadie estaría por encima de lo establecido por la Constitución.
El éxito de este sistema político se manifestó de dos maneras: no sólo el país se convirtió en la mayor potencia económica, militar y cultural del planeta, sino que es el único en el que se han sostenido elecciones ininterrumpidas, cada cuatro años, desde 1788. Una proeza civilizacional.
Nunca ha estado tal estabilidad política puesta en riesgo mayor que el 6 de enero del 2021, cuando el entonces Presidente Donald Trump instigó una asonada contra el Capitolio con el fin de que no se transfirieran las riendas del poder Ejecutivo a Joseph Biden.
Afortunadamente, el golpe al Congreso no cristalizó y esa amenaza se diluyó. Uno pensaría que Trump ya no tendría una segunda oportunidad. Sin embargo, hoy el ex Presidente se encuentra a punto de tomar las riendas del mayor poder global. Todo esto a pesar de haber sido encontrado culpable de cometer diversos crímenes. Trump logró salir avante de este predicamento gracias a que la Suprema Corte determinó hace unos meses que un Presidente puede tener inmunidad que lo protege contra decisiones tomadas por cortes federales o locales. Esto implica que los Presidentes están por encima de la Ley, en plena contradicción al espíritu del régimen fundado en 1787.
Por ello, es entendible la decisión tomada por el Presidente Joe Biden de proponer tres reformas a la Constitución. En primer lugar, se recomienda la Enmienda “Nadie por Encima de la Ley”, según la cual no habría inmunidad para crímenes cometidos por ex-Presidentes. Las otras dos reformas no apuntan al comportamiento del Ejecutivo sino del Judicial. La primera impondría un límite de 18 años para la estancia de Jueces en la Suprema Corte, terminando con la práctica actual de estancias a perpetuidad. La tercera propuesta es la de imponer un código de ética para los jueces con el fin de impedir abusos, así como actos de nepotismo y corrupción.
En conjunto, estas tres propuestas buscarían reducir el grado en que Presidentes y Jueces puedan, por la vía de los hechos, liquidar las instituciones republicanas de la democracia liberal. Nada de esto se habría pensado necesario antes del triunfo de Trump a la presidencia en 2016, pues el régimen se fundaba, hasta cierto punto, en la confianza de que nadie intentaría socavar al sistema desde la Presidencia. El fin del pacto de caballeros llevará a la República estadounidense por un nuevo sendero insospechado.